PP, PSOE y Ciudadanos buscan blindar la reforma educativa

El ministro Íñigo Méndez de Vigo, ayer durante su comparecencia ante la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados. :: J. P. G. / efe/
El ministro Íñigo Méndez de Vigo, ayer durante su comparecencia ante la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados. :: J. P. G. / efe

El pacto político que debería ser la base de la futura ley solo incluirá propuestas apoyadas al menos por tres de los grandes partidos

ALFONSO TORICES MADRID.

Los partidos han comenzado este mes la negociación para intentar cerrar un pacto educativo. Todos reconocen que todavía es pronto para saber si las conversaciones tendrán éxito. Si serán capaces, por primera vez en democracia, de pactar un modelo estable y duradero pese a sus grandes diferencias. Pero lo que si se sabe ya, desde ayer, son dos cosas. La primera, que si al final hay un acuerdo tendrá un altísimo consenso político. Y lo segundo que, de haber pacto, dejaría prácticamente blindada la futura ley educativa que se derivaría del acuerdo, la que sustuiría a la Lomce, la norma impuesta por la antigua mayoría absoluta del PP y denostada por el resto de partidos y por toda la comunidad educativa.

La razón de ambas certezas es que la subcomisión parlamentaria que busca el pacto, con los votos de PP, PSOE y Ciudadanos, decidió ayer que cualquier punto que se incorpore al posible acuerdo final, que sería remitido al Gobierno para que elabore la nueva ley tras sumar al consenso a las autonomías y a la comunidad educativa, tiene que contar con el apoyo al menos de dos tercios del Congreso, es decir, de 233 diputados.

Semejante mayoría cualificada requiere que cualquiera de los puntos del hipotético acuerdo deba contar al menos con el respaldo de tres de los grandes partidos nacionales, que en todos tenga que dar el visto bueno el PP, y que prácticamente sea imposible acordar nada también si, además de los populares, no está en el pacto el PSOE (la única mayoría alternativa suficiente sería PP, C's y Podemos).

En definitiva, de tener éxito la negociación, garantizaría unas propuestas transversales -con apoyo obligado de formaciones de izquierda y de derecha- y una futura ley respaldada por una gran mayoría parlamentaria, que le debería de garantizar un consenso, un blindaje y una estabilidad en el tiempo que hasta ahora no ha tenido ninguna de las siete leyes precedentes en democracia, siempre rechazadas por PP o PSOE.

Podemos teme su exclusión

Se trata de un gran consenso buscado de forma premeditada, pues una nueva ley educativa -pese a ser orgánica por regular derechos fundamentales- solo requiere del apoyo de la mayoría absoluta del Congreso, 176 escaños. La exigencia de dos tercios de la Cámara hasta ahora estaba reservada a la aprobación de medidas de enorme trascendencia, como la reforma agravada o total de la Constitución.

Tanto Teófila Martínez, del PP, como Luz Martínez Seijo, del PSOE, como Marta Martín, de Ciudadanos, coincidieron ayer en que exigen el mínimo de dos tercios para cualquier acuerdo porque, si al final es posible impulsar una nueva ley, precisa de un apoyo muy mayoritario para asegurar que perdura en el tiempo, con independencia de los cambios de Gobierno.

Podemos, a través de Javier Sánchez, defendió la opción contraria. Cree que es suficiente con que las propuestas se incorporen al acuerdo por mayoría simple (más síes que noes), lo que hubiese permitido introducir elementos no apoyados por la derecha. No oculta su temor de que, con las «mayorías impuestas», su partido quede apartado de muchos aspectos del pacto y que al final se limite a una entente entre populares, socialistas y C's.

Esta posibilidad, la del pacto final a tres bandas, también es el temor de PNV y PdeCAT que, aunque ayer no asistieron a la subcomisión, siguen formando parte de las negociaciones, pero muy excépticos sobre la posibilidad de participar en un acuerdo. Sobre el papel, nadie salvo ERC se ha descolgado oficialmente en esta fase inicial del intento de llegar al pacto educativo.

Los miembros de la subcomisión tienen permiso del Congreso para tratar de cerrar el acuerdo educativo hasta abril, aunque el plazo podría ser prorrogado como ya ocurrió en septiembre, tras terminar con las comparecencias previas de más de 80 expertos. Las conversaciones se han iniciado sobre un guión de 14 grandes puntos y en principio sin líneas rojas, pues entre ellos están los aspectos más polémicos, como la financiación, los conciertos educativos o la asignatura de Religión.

Fotos

Vídeos