Los principales partidos, dispuestos a negociar cambios legales tras el fallo de La Manada

Rajoy elude entrar en la polémica generada por Catalá tras poner en duda las capacidades del juez que firmó el voto particular de la sentencia

A. T. MADRID.

El Gobierno y los principales partidos políticos, aunque cada uno con sus matices, están abiertos a debatir cambios en la tipificación que se hace en el Código Penal de los delitos sexuales para evitar interpretaciones como la que llevó al tribunal de La Manada a condenar a los cinco acusados por abuso sexual, pero no por violación.

Mariano Rajoy, aunque menos locuaz y entusiasta sobre los cambios que su ministro de Justicia, Rafael Catalá, indicó que su Gobierno no descarta la posibilidad y que por eso ha pedido su opinión a los expertos de la Comisión General de Codificación. «Si es necesario, y lo estamos estudiando, que no lo sabemos todavía, se modificará la ley», contestó durante una entrevista concedida ayer a Antena 3.

En el charco en el que no quiso meterse el presidente del Gobierno fue en el creado por Catalá la semana pasada, cuando puso en duda la capacidad mental de Ricardo González, el juez del tribunal de La Manada que emitió un voto particular que abogaba por absolver a los cinco procesados, al asegurar sin explicarlo que tenía «un problema singular». Provocó la indignación de todos los jueces y fiscales, que exigieron su dimisión. Rajoy contestó que su única posición es la ya hecha pública por el portavoz del Gobierno, la que dice que se trata de una sentencia que no es firme, y que el fiscal va a recurrir, y que el Ejecutivo siempre estará del lado de las víctimas.

Sánchez cree que hay que reducir la capacidad de interpretación de los jueces en estos delitos

Pedro Sánchez también reiteró ayer en Soria que los socialistas no rehuirán el debate y la búsqueda de un acuerdo para acotar los delitos vinculados a los casos de violación. El objetivo, concretó, sería clarificar los tipos penales para limitar la «capacidad de interpretación» de los jueces y que no sea posible que un ataque grupal, como el de La Manada, sea considerado un abuso sexual, pero no una agresión sexual porque se entienda que los hechos carecen de los elementos imprescindibles de violencia o intimidación para doblegar la voluntad de la víctima.

No obstante, el secretario general socialista también aprovechó para decir que no todo son reformas legales y que es fundamental formar a los operadores jurídicos en perpectiva de género para aumentar su sensibilidad y comprensión de estos delitos, para lo que hace falta que el Gobierno cumpla el pacto del Estado contra la violencia de género e incluya en los Presupuestos de 2018 la partida de 200 millones de aumento del gasto a que se comprometió.

Unidos Podemos no se opone a tocar el Código Penal, pero considera que la lucha contra la vulneración de las libertades sexuales no avanzará hasta que se apruebe una ley integral específica que considere estos delitos como de violencia machista y extienda a sus víctimas las medidas preventivas, de protección y de ayuda con las que ya cuentan las mujeres maltratadas por sus parejas.

Ciudadanos tampoco se cierra al debate, pero considera que debe abordarse sin prisas y que cualquier reforma penal, para salir adelante, precisa de un muy alto consenso.

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