Las personas mayores exigen un teléfono de ayuda contra el maltrato

Denuncian que uno de cada diez ancianos sufre abusos, robos o hurtos tanto en el ámbito familiar como en los centros asistenciales

J. L. ÁLVAREZ MADRID.

La protección de las personas mayores pasa porque puedan denunciar, sin miedo a represalias de cualquier tipo, los episodios de maltrato físico, psíquico o sexual que sufran, los robos, los hurtos o las situaciones de abandono, tanto en el ámbito familiar como en los centros asistenciales a los que acuden a diario o en los que residen. Por este motivo, desde la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (Ceoma) se reclama la inmediata puesta en funcionamiento de un teléfono gratuito, similar al que existe para la violencia de género, donde este colectivo pueda denunciar todo este tipo de abusos sin que la llamada deje rastro.

La creación de este teléfono fue planteada esta semana durante las jornadas 'Todos contra el abuso y el maltrato: dignidad y excelencia en el trato a las personas mayores'. Según explica la presidenta de Ceoma, Carmen García, este colectivo «no sabe cómo denunciar, teme las consecuencias que esa denuncia tendrá sobre su situación personal, y, en la mayoría de las ocasiones, ignora que está siendo víctima de abuso o maltrato».

Sólo uno de cada 24 casos de abuso o maltrato a mayores es finalmente denunciado, según la Organización Mundial de la Salud, un porcentaje «que posiblemente esté subestimado», en opinión de la presidenta de Ceoma. «Se ha trabajado mucho y bien sobre la violencia de género y también sobre el acoso escolar, pero faltamos nosotros, que somos los que nunca tenemos visibilidad. Nosotros también queremos ese teléfono de ayuda», reclama García.

Para la presidenta de esta entidad se trata de «un problema de salud pública». El tipo de maltrato que sufren los mayores es fundamentalmente psicológico, «aunque puede darse todo un abanico de episodios que van desde las faltas de respeto a las agresiones».

Privación de libertad

Durante las jornadas, el jefe de área de Sanidad y Política Social del Defensor del Pueblo, Bartolomé José Martínez, puso de relieve que al perder su poder de decisión frente a los familiares o los tutores legales, «entre 15.000 y 18.000» mayores de 65 años «pueden estar sufriendo una situación de privación de libertad». No se trata de que estén encerrados, sino que son alienados por las personas que les acompañan, obligándoles a cumplir todo aquello que se les manda.

Y es que muchos mayores cuentan con pensiones que son administradas por aquellos con quienes viven, que se aprovechan de ellas. También se da el caso de cuidadores que abusan de la confianza de los ancianos y abusan tanto de su generosidad como de su cartera, «llegándoles a vaciar las cuentas de ahorro, a no ser que los encargados de las sucursales bancarias avisen a los familiares de la inminente descapitalización».

El problema del maltrato y abuso sobre las personas mayores se complica cuando sufren algún tipo de discapacidad, principalmente psíquica y sobrevenida, como pueden ser las demencias. El vicepresidente de la Fundación ONCE, Alberto Durán, destacó que la posibilidad de que sufran algún tipo de maltrato o abuso es diez veces superior entre las personas con discapacidad. «Por este motivo cualquier medida que beneficie a las personas con discapacidad lo hará también para los mayores», dijo.

Fotos

Vídeos