Los partidos negocian fórmulas para limitar o prohibir las visitas de maltratadores a sus hijos

La Guardia Civil inspecciona, en 2013, la casa de Campillos en la que un padre mató a su hija de 6 años.
La Guardia Civil inspecciona, en 2013, la casa de Campillos en la que un padre mató a su hija de 6 años. / EFE

Sopesan extender los estudios de riesgos que se hacen a las víctimas a los menores para que los jueces tengan base para adoptar las medidas

ALFONSO TORICES MADRID.

Campillos, 2 de abril de 2013. Diego G. P., que entonces tenía 32 años, mató en este pueblo malagueño a su hija de 6 años, que vivía con su madre a 1.000 kilómetros, en Mataró (Barcelona), aprovechando una visita en solitario durante la Semana Santa. Luego se suicidó. La pareja se había separado unos seis meses antes, después de un episodio de violencia machista por el que el varón fue condenado a seis meses de cárcel y a no acercarse o comunicarse con su víctima en dos años. Sin embargo, según informó en su día la delegación del Gobierno en Andalucía, no había medidas de alejamiento de la menor ni suspensión del régimen de visitas.

Hace poco más de dos meses, el 8 de mayo, Marcos Javier M. M., de 42 años, fue detenido por haber asesinado un día antes de un fuerte golpe en la cabeza a su hijo de 11 años, al que dejó tirado en una zona boscosa a unos 30 kilómetros de La Coruña. La Polícia lo arrestó después de que su exmujer, de la que llevaba separado varios años, denunciase que el domingo no compareció en el punto de encuentro en el que tenía que devolverle a su hijo después de una visita de fin de semana. El detenido fue condenado por coaccionar a su esposa, que volvió a denunciarlo, y tuvo una orden de alejamiento hasta 2013. Pero gozaba de régimen de visitas.

Los partidos políticos, dentro del pacto de Estado contra la violencia machista que quieren cerrar este mes, están ultimando fórmulas que permitan al juez limitar e incluso prohibir las visitas de los maltratadores a sus hijos, algo en lo que todos están de acuerdo, según adelantó ayer la diputada socialista Ángeles Álvarez. Se trata de evitar casos en los que los agresores ejerzan sobre sus hijos la violencia que ya no pueden descargar en su exmujer o que busquen venganzas en los días que pasan con los menores. Algo que, como en los casos anteriores, puede derivar incluso en la muerte de los niños, como en España ya ha ocurrido al menos en una veintena de ocasiones en la última década.

La redacción concreta que el documento de propuestas del Congreso hará de este punto no ha trascendido, porque el texto aún está en fase de negociación, pero fuentes parlamentarias conocedoras de los trabajos indicaron que busca establecer mecanismos para que el juez pueda adoptar la limitación o prohibición de visitas, como medida cautelar y preventiva, desde el conocimiento de la existencia de riesgos para el menor.

Los borradores proponen una extensión generalizada de los informes de valoración de riesgo que se le hacen a las mujeres víctimas de violencia machista a los hijos menores de la pareja, para lo que, entre otras cosas, será preciso crear equipos forenses especializados en todas las zonas que no existen.

Cautelares

De estos chequeos específicos a los menores saldría la recomendación al juez, cuando se detecte un riesgo para la seguridad de los niños, de limitar o impedir las visitas. Sería una actuación cautelar que el magistrado tomaría dentro de las medidas incluidas en las órdenes de protección a las maltratadas. El Código Civil indica que quien esté incurso como presunto autor en un proceso de violencia de género no podrá acceder a la custodia de los menores, pero no especifica nada sobre los regímenes de visitas. Las prohibiciones podrían pasar luego también de cautelares a temporales o permanentes, según la gravedad de los hechos, una vez haya sentencia.

Estas medidas de seguridad en favor de los hijos de maltratadores ya fueron propuestas durante los trabajos de la subcomisión por varios expertos y reclamadas por la Defensor del Pueblo, Soledad Becerril, al día siguiente del asesinato del niño de 11 años en La Coruña.

El pacto también podría incluir otra medida de seguridad propuesta en el Congreso por el Observatorio contra la Violencia de Género. Su presidenta, Ángeles Carmona, pidió una modificación del Código Penal para que sea preceptivo que las sentencias contra homicidas, autores de lesiones graves o maltratadores habituales incluyan la pena de retirada de la patria potestad.

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