Los partidos cierran un pacto de Estado para combatir la violencia de género

Representantes de los partidos, reunidos ayer en la subcomisión del Congreso contra la violencia machista. :: zipi / efe
Representantes de los partidos, reunidos ayer en la subcomisión del Congreso contra la violencia machista. :: zipi / efe

Acuerdan 200 medidas, como la protección integral de las víctimas aunque no denuncien, y 1.000 millones de euros para implantarlas

ALFONSO TORICES MADRID.

Todos los partidos del Congreso y el Senado, sin excepción, acordaron ayer el documento de 200 medidas con el que el próximo viernes certificarán el primer pacto de Estado de la legislatura. Las formaciones lograron un inédito consenso político para lanzar un plan de choque contra una de las principales lacras de la sociedad española, la violencia de género, que en lo que va de año le ha costado la vida a 32 españolas -y dos en investigación-, un 20% más que en los primeros seis meses de 2016, y que en el primer trimestre registró 422 mujeres agredidas o vejadas a diario por sus parejas, una proporción también un 20% mayor que solo doce meses antes.

El documento, que el viernes será aprobado por las comisiones de Igualdad de ambas cámaras, contiene como propuestas los dos centenares de medidas de mínimos pactadas por todos e incluirá, como votos particulares, las actuaciones que varios partidos creen imprescindibles tomar, pero que no lograron el sí general.

El acuerdo fue posible, aunque con tensiones de última hora. Varias formaciones, sobre todo PSOE y Ciudadanos, vieron un intento del Gobierno y el PP de patrimonializar el pacto, con su filtración varios días antes de que se cerrase, una maniobra que no creen ajena a su necesidad política de tapar la declaración que Mariano Rajoy hará mañana ante el tribunal de 'Gürtel'. El texto, en el que las medidas concretas ocupan 48 páginas, no solo propone actuaciones contra las agresiones machistas sino también contra todos los tipos de violencia contra la mujer a la que amplía el concepto de violencia de género, como la trata de blancas, la mutilación genital, el matrimonio forzado, el acoso sexual o el proxenetismo.

El Gobierno, que recibirá el documento cuando el pleno del Congreso lo apruebe en septiembre, dispondrá de dos meses para dar forma el pacto definitivo en negociaciones con autonomías, ayuntamientos, Poder Judicial y organizaciones sociales, y de cuatro meses más para proponer las reformas legales necesarias y activar las primeras iniciativas. Una comisión parlamentaria de seguimiento, similar a la del Pacto de Toledo, controlará que el acuerdo se cumple y los compromisos presupuestarios se ejecutan.

El acuerdo compromete al Ejecutivo a aportar 1.000 millones adicionales para implantar en los próximos cinco años las actuaciones previstas, a un ritmo de 200 por ejercicio. Unos 400 los ejecutarán los ministerios, 500 las comunidades autónomas y 100 los ayuntamientos. Los consistorios, como una de las medidas estrella, recuperán las competencias en violencia de género y crearán equipos multidisciplinares (unidades de apoyo) para la detección precoz de víctimas, su acompañamiento en la toma de decisiones -incluida la denuncia y el proceso-, su protección integral, y el acceso a las ayudas y prestaciones sociales que les correspondan.

De hecho, estos equipos serán protagonistas en otra de las grandes novedades. Ya no será necesario interponer denuncia para lograr todos los derechos y protección que otorgan el ser reconocida como víctima de violencia de género. Ella y sus hijos tendrán asegurado un seguimiento y atención personalizadas tras un informe en tal sentido del centro de salud, los servicios sociales o un centro de acogida.

Cribado en ambulatorios

El texto prevé la creación de unidades de valoración forense en todos los juzgados, el incremento de policias especializados y de centros de acogida, programas de cribado en atención primaria, asistencia jurídica gratuita garantizada desde antes de la denuncia, la renovación de protocolos y la mejor coordinación de todas administraciones, la intensificación de campañas de concienciación, la prevención en las escuelas, el aumento del uso de dispositivos para el control de los maltratadores, y la formación en violencia contra la mujer de todos los profesionales implicados en su atención.

Otras medidas son la implantación de un subsidio para víctimas paradas, la supresión del atenuante de confesión del agresor, utilizar la medida de libertad vigilada hasta que se ejecute la condena, la elaboración de una ley integral contra la trata de mujeres con fines de explotación sexual -con una mejora de la ley de protección de testigos-, y campañas contra la prostitución.

El documento se centra también en las otras víctimas, los hijos. Les harán los mismos análisis de riesgos y darán las mismas medidas de protección que a sus madres, estarán prohibidas las visitas a la cárcel al padre condenado, la custodia compartida no podrá ser ni siquiera provisional, se suspenderá el régimen de visitas en los casos de padre violento, y se hará un plan integral para sacar del abandono a los aproximadamente 40 menores huérfanos que cada año deja esta lacra.

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