El pacto educativo llega a su fase decisiva con PP, PSOE y C's en el núcleo duro

El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, en una comparecencia en el Congreso. :: EFE
El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, en una comparecencia en el Congreso. :: EFE

Los partidos tienen cinco meses para acordar una reforma legal y un plan de financiación tras concluir en septiembre con las comparecencias

ALFONSO TORICES MADRID.

Las negociaciones en busca de un pacto de Estado por la educación entrarán en su fase decisiva en septiembre, una vez que en la primera quincena del mes se produzcan las cuatro últimas comparecencias de expertos y los partidos comiencen a elaborar el documento que debería servir para dar a luz la primera ley educativa consensuada de la democracia.

Los primeros seis meses de trabajo de la subcomisión del Congreso que persigue el pacto se han consumido con la comparecencia y el interrogatorio de 74 exministros, expertos, y representantes de la comunidad educativa (profesores, alumnos, padres y patronales del sector), que han lanzado centenares de ideas y propuestas de mejora que ahora toca ordenar y analizar.

Ninguna formación se ha desmarcado durante los preliminares del intento de consenso educativo, pero las posturas expresadas por sus portavoces en las comparecencias indican que todos están en una situación muy similar a la de la votación que se produjo el 1 de diciembre de 2016, la que puso en marcha la subcomisión del pacto, que fue respaldada por PP, PSOE y Ciudadanos y contó con la abstención de Podemos y los nacionalistas. Es decir, con los dos grandes partidos y la formación naranja en el núcleo duro del posible acuerdo y con los de Pablo Iglesias y los nacionalistas sin romper el diálogo, pero sin ocultar su escepticismo en que tenga éxito.

Podemos y los nacionalistas continúan en el diálogo, pero no ocultan su escepticismo

Ciudadanos desde el primer día abogó por el pacto, por perseguirlo contra viento y marea, y por actuar en lo posible de puente entre PSOE y PP. Socialistas y populares, pese a los avisos que se han lanzado en muchas de las comparecencias, también han asegurado en repetidas ocasiones que no ven fácil alcanzar el acuerdo, pero que lo van a intentar hasta el final y sin marcar líneas rojas a priori que lo hagan imposible.

Los populares repiten que no serán ellos los que se bajen de este barco porque «no tenemos plan B». Conscientes de su nueva situación minoritaria han avanzado dos concesiones para despejar el camino al pacto: están dispuestos a sustituir la Lomce por otra norma y no presionarán para recuperar en la nueva ley las reválidas de ESO y Bachillerato, paralizadas desde diciembre por el Gobierno para hacer posible estas conversaciones y rechazadas por todo el resto del arco parlamentario y la comunidad educativa.

Los socialistas aseguran que van a apostar por alcanzar un objetivo que tuvieron en la punta de los dedos en 2010, con Ángel Gabilondo como titular de Educación. No obstante, y pese a que no quieren hablar de líneas rojas, solo ven posible un acuerdo que blinde un plan de financiación plurianual -que creen que debe empezar por recuperar una inversión del 5% del PIB y mirar al 7%-, que potencie y extienda las becas , y que limite el papel de los colegios concertados.

Podemos sospecha que los otros tres partidos no buscan un cambio integral de modelo educativo como el que ellos propugnan, en el que defienden que la concertada debe tender a desaparecer, y creen que a la hora de la verdad todo se limitará a unos retoques de la Lomce, proyecto en el avisan que no estarán.

Los nacionalistas, en esencia, temen que la nueva ley sea como ven la actual, invasora de competencias y recentralizadora.

El momento de la verdad empezará en la quincena de septiembre, cuando, tras concluir las comparecencias con Andreas Schleicher, el responsable del informe PISA, los partidos tengan cinco meses, hasta finales de febrero, para ver si son capaces de alcanzar el consenso y entregar al Gobierno un documento de propuestas del que debería surgir la nueva ley de educación y un compromiso de financiación.

Ahí pondrán a prueba el diálogo. Será cuando demuestren si son capaces de acordar o no en temas tan vidriosos como los conciertos, la asignatura de religión, el currículo y los itinerarios educativos, las evaluciones del sistema, las becas, o el aumento del gasto público.

El Senado trabajará en paralelo al Congreso y con un plazo similar. Tratará de emitir un segundo documento de propuestas para un pacto de Estado tras escuchar al menos a las comunidades autónomas y a los representantes de los municipios.

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