La madre de Granada, en paradero desconocido tras no entregar a sus hijos

La abogada de Juana Rivas anuncia que presentará un recurso de amparo ante el Constitucional

JOSÉ R. VILLALBA GRANADA.

Juana Rivas, la mujer maltratada de la localidad granadina de Maracena, no entregó ayer a las 16:30 a sus dos hijos de tres y once años en el punto de encuentro familiar, donde el padre de los menores -condenado en 2009 por un delito de lesiones en el ámbito familiar- los esperaba acompañado de la Policía Nacional. Minutos después, una dotación de la Guardia Civil pasó por casa de esta mujer, pero allí no había nadie. Su asesora jurídica y directora del Centro de la Mujer de Maracena, Francisca Granados, dijo ayer tarde en rueda de prensa que la última vez que habló con Rivas fue el martes por la noche: «Me despedí de ella a las once de la noche y hoy (por ayer) la he llamado por la mañana y tenía el móvil apagado o fuera de cobertura». Rivas se encuentra en estos momentos en paradero desconocido.

¿Qué consecuencias puede tener este desacato a la autoridad judicial? «La pueden acusar de un delito de desobediencia», apunta el letrado Rafael López Guarnido. Un delito, contemplado en el artículo 556 del Código Penal, con penas de prisión de tres meses a un año o en su caso una multa. «De todas formas, seguramente se vuelva a dictar una providencia para reiterarle que debe entregar a los menores», señala este abogado granadino.

La asesora jurídica de Rivas, Francisca Granados, y su letrada, María Castillo, se reunieron ayer por la mañana con la fiscal encargada del caso. Las dos han lamentado que la representante del Ministerio Público no haya querido promover la adopción de medidas de protección frente a los menores. En concreto, la Fiscalía ha mantenido que debía cumplirse la decisión judicial acordada porque se había producido una sustracción de los dos menores «no autorizada», y porque cualquier decisión sobre la potestad de los niños debe ser adoptada por los tribunales de Italia, país competente por ser el de residencia de los menores.

Según la asesora jurídica del centro de la mujer de Maracena, se trata de un caso de violencia de género, denunciado hace ahora un año por Juana Rivas, en el que los dos hijos también deben ser considerados víctimas y a los que se podría generar un «daño irremediable» en caso de ser devueltos a Italia con su padre.

La letrada ha presentado un recurso de reposición en el juzgado de primera instancia número 3 de Granada para revocar la obligación de entregar a los menores, acompañado de un informe psicológico sobre el hijo mayor de once años que ha calificado de «demoledor», sin revelar su contenido, porque deja ver las perniciosas consecuencias para la salud de este chaval que puede tener su entrega al padre, que reside en Italia. También prsentarán un recurso ante el Tribunal Constitucional.

Rivas convivió con el padre de sus hijos hasta 2009 cuando lo denunció por malos tratos. El Juzgado de lo Penal 2 de Granada lo condenó por un delito de lesiones en aquel entonces. Se rompió la relación. Juana Rivas marchó años después a Italia y volvió a convivir con este hombre con quien tuvo otro hijo. Los presuntos problemas de maltrato volvieron, pero no los denunció en Italia. Ante su difícil y desesperada situación decidió coger a sus vástagos y traérselos a vivir a España.

«Sustracción»

La justicia italiana la acusa de «sustracción» de menores y la justicia española ratifica la obligación emanada del derecho internacional de devolver a los menores a su padre. «El padre ha querido dañar a la madre en la cara de los niños y eso es lo que no se debe consentir, por encima de todo está la seguridad y protección de los menores», dijo ayer Juan Pedro Oliver, presidente de la asociación Prodeni, dedicada a la defensa de los derechos del niño.

Por otra parte, el abogado Adolfo Alonso, que representa a la expareja de Juana Rivas, señaló que el incumplimiento por parte de ésta de la entrega de los hijos que ambos tienen en común al padre como ordenaba el juzgado les coloca en una «posición extraordinariamente difícil» desde el punto de vista legal y, aunque aún se están perfilando los pasos a seguir, estudia la posibilidad de emprender acciones penales si en las próximas horas no se resuelve el asunto. Alonso señaló en declaraciones a Europa Press que «el padre quiere que se acabe esto lo más rápidamente posible, poder reintegrar a sus hijos a Italia e incluso estaba dispuesto a la custodia compartida con la madre».

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