«Llegué al juzgado destrozada y suplicando ayuda y salí imputada»

Isabel López de la Torre expone su denuncia, ayer, en Madrid. :: Fran del Olmo / Efe/
Isabel López de la Torre expone su denuncia, ayer, en Madrid. :: Fran del Olmo / Efe

Las asociaciones de mujeres reclamarán sanciones para los jueces que perjudiquen o dañen a las víctimas de la violencia machista

ALFONSO TORICES MADRID.

«Llegué al juzgado destrozada y suplicando ayuda y salí imputada, con una orden de alejamiento mutuo, y con un amplio régimen de visitas con él de mi bebé de 18 meses». Es el doloroso resumen que ayer hizo Isabel López de la Torre, una madrileña de 45 años, quien, apoyada por media docena de asociaciones de mujeres, denunció ante el Poder Judicial a la juez que instruyó su caso de maltrato. Entiende que sus prejuicios y falta de independencia le han destrozado la vida durante tres años. «Me ha hecho sentir como una delincuente».

López llegó al juzgado de violencia de género número 1 de Arganda el 14 de abril de 2014. Había recibido la última paliza de su pareja. Tenía moratones por todo el cuerpo, por los golpes con un palo de bambú, y marcas en el cuello de un intento de estrangulamiento. Su maltratador, «que tenía unos nimios arañazos», también la denunció por agresión y logró que la juez, María Jesús López Chacón, imputase a ambos y dictase sendas órdenes de alejamiento.

Tres años y seis meses después, en octubre de 2017, la Audiencia Provincial condenó a su expareja a dos años y nueve meses de cárcel por dos delitos de maltrato y la exoneró a ella, pues dijo que ni siquiera tenía que ver con los arañazos. «Lo increíble y terrible es que la juez atendiese su denuncia falsa, sin siquiera investigarla. Es lo peor que le puede pasar a una víctima. He tenido que soportar tres años de pena de banquillo», indicó antes de lamentar que, «tras pensarlo mucho antes de denunciar, pasas del maltrato en casa al maltrato judicial».

En su escrito de 30 páginas contra la juez, en el que pide que sea apartada de los juzgados de violencia de género «por las irregularidades y fallos cometidos», explica que fue víctima de los prejuicios de la instructora, quien aseguró en la sala de vistas: «Yo no digo que el caso de Isabel sea una denuncia falsa, pero las denuncias falsas existen y yo tengo un primo al que su mujer ha puesto una denuncia falsa y yo y toda la familia lo estamos pasando mal».

La magistrada, incluso ahora tras la condena firme, ha mantenido un régimen de visitas para la hija de ambos, que ya tiene 5 años, por el que pasa con el padre dos tardes, un fin de semana alterno y la mitad de las vacaciones. «Me he salvado yo, pero con la angustía de haber sacrificado a mi hija, porque cuando la entrego no sé si me la van a devolver sana y salva». Pese a todo, aseguró que se siente en la obligación de denunciar a la juez «para que las víctimas no tengan más miedo a la denuncia que al maltrato».

La Fundación Mujeres, la Federación de Mujeres Progresistas y Mujeres Juristas Themis, alguna de las organizaciones que apoyan la denuncia, advierten al CGPJ de que lo ocurrido a Isabel «no son hechos aislados, sino que, en mayor o menor medida, representan hechos cotidianos y excesivamente frecuentes» en los juzgados contra la violencia de género. Denuncian la existencia de jueces, fiscales y abogados sin formación específica, que no escuchan a las víctimas y con evidente inacción si no hay parte de daños; juzgados que rechazan hasta el 75% de las órdenes de protección; jueces que actúan con prejuicios, que presionan para acuerdos mutuos, que dan similar peso al testimonio de agredida y agresor, y que no atienden al interés del menor, sino al del padre en los regímenes de visitas.

Por ello, anunciaron que van a recopilar todos los perjuicios, desatenciones o daños que le causen a estas víctimas los diferentes operadores jurídicos y los denunciarán, «uno a uno», para que sean sancionados ante el Poder Judicial y el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer. De hecho, el 10 de enero, hasta 50 organizaciones de mujeres pidieron también al CGPJ que aperciba de sanción y obligue a realizar un curso de sensibilización al titular del juzgado de violencia contra la mujer número 1 de Sagunto (Valencia), contra el que las víctimas han presentado numerosas quejas por «actitudes arrogantes y autoritarias; faltas de respeto y consideración; y nula empatía».

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