Los jueces no apartan al maltratador de sus hijos ni en el 10% de los casos

Los expertos piden más suspensiones cautelares de visitas y de custodias para proteger a los menores y la ejecución del pacto de Estado

ALFONSO TORICES

madrid. Los hijos de padres inmersos en causas por violencia machista no están suficientemente protegidos en España. Es la conclusión principal de los expertos reunidos ayer en la sede del Defensor del Pueblo, que reclamaron a los jueces que adopten más medidas cautelares para proteger a estos menores del maltratador y que urgieron al Gobierno a ejecutar las reformas legales y las inversiones comprometidas en el pacto de Estado contra la violencia machista, aprobado por el Congreso en septiembre, muchas de las cuales van destinadas a poner a salvo a estos niños.

El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugan, calificó de situación «absolutamente insoportable» que 23 niños hayan sido asesinados en los últimos cuatro años por sus padres, con ocho muertos en los primeros once meses de 2017, que han duplicado las cifras homicidas de años anteriores. «Un maltratador no puede ser un buen padre y hay que adoptar medidas categóricas», señaló, en una idea que repitieron varios de los ponentes.

Los datos del Consejo General del Poder Judicial indican que en 2016 los jueces no impidieron el contacto del presunto maltratador con sus hijos ni en el 10% de las investigaciones por violencia machista, pese a que la ley les autoriza a tomar estas medidas cautelares cuando lo vean justificado. En los procedimientos en que dictaron órdenes de protección para las mujeres agredidas, solo acordaron la suspensión de las visitas de los niños al denunciado en el 5,7% de las ocasiones, en un 8,4% retiraron provisionalmente la custodia al maltratador, y en un 0,7% de las decisiones le quitaron cautelarmente la patria potestad.

Ven clave para la seguridad de los niños que haya equipos de valoración de riesgos en los juzgados

Se trata de cifras «bajísimas», criticó Itziar Gómez, letrada del Tribunal Constitucional. «Creo que los jueces tienen una responsabilidad muy fuerte y que en los casos en que haya la menor duda de que pueden existir agresiones deben retirar el contacto como medida cautelar; mejor pasarse de excesiva protección que tener otro niño en la cifra de víctimas mortales», añadió.

Hay que escuchar al menor

Gómez coincidió con Inmaculada Montalbán, magistrada del tribunal superior de Andalucía y exvocal del CGPJ, en algunas razones que creen que pueden explicar la escasez de medidas de protección de los menores. Entre ellas, la ponderación de la presunción de inocencia, el carácter potestativo de las cautelares, y que normalmente nunca se escucha al menor, que entienden que debería ser atendido siempre. Ambas, como también la psicóloga forense María del Rocío Gómez, tienen claro que lo primero que el juez debería tener en cuenta es que, ante el conflicto de intereses entre el presunto maltratador y su hijo, siempre debe prevalecer el interés del menor. Ante la duda, protección.

Pero la clave, dijeron todos los expertos, es la necesidad de que todos los jueces cuenten con una valoración de los riesgos que corre el menor y un informe sobre su situación psico-social para tomar decisiones. Al carecer muchas veces de estos datos, no ven necesarias las medidas cautelares, más si no se las piden ni el fiscal ni la víctima. Para que los magistrados puedan contar con esta información sería necesario que Policía y Guardia Civil incluyan a los menores en las valoraciones de riesgos (que ahora solo hacen a la madre) y que haya equipos de valoración forense en todos los juzgados, dos de las medidas incluidas en el pacto de Estado que precisan del aumento de inversiones comprometido por el Gobierno.

De hecho, todos los ponentes urgieron a ejecutar las más de 200 medidas del pacto, que prevé una reforma legal que facilitará a los jueces la protección de los menores. Ordenará retirar la custodia en los procedimientos que haya orden de protección para la víctima e impondrá la suspensión del régimen de visitas si el menor convive con una situación de violencia machista.

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