El Gobierno lleva al Constitucional los toros 'a la balear' por invadir competencias

D. R. MADRID.

Solo un día después de que el Parlamento balear diera luz verde a la reforma de los espectáculos taurinos en el archipiélago, el Gobierno decidió llevar esta ley al Tribunal Constitucional. El secretario de Estado de Cultura, Fernando Benzo, se lo comunicó en una reunión a la consejera de Cultura de Baleares, Fanny Tur. El motivo fundamental es la invasión de competencias propias de la Administración General del Estado. También recordó que las Cortes aprobaron una ley que regula la tauromaquia como patrimonio cultural de todos los españoles y que comprende «todo un conjunto de conocimientos y actividades artísticas, creativas y productivas». «Además del aspecto cultural -reza la ley-, la Tauromaquia tiene una indudable trascendencia como actividad económica y empresarial, de dación de bienes y servicios al mercado, y produce un flujo económico que se traduce en miles de puestos de trabajo».

El Gobierno también les recordó a las autoridades autonómicas la sentencia del Constitucional de 2016 que consideraba a la Administración Central del Estado como garante de la tauromaquia. La decisión de Cultura fue aplaudida por la Fundación Toro de Lidia, que considera que los toros 'a la balear' es una «argucia legal» con el objetivo de «prohibir las corridas de toros desnaturalizando su esencia y haciéndolas por tanto irreconocibles».

La reforma aprobada por el Parlamento de las islas hacía casi imposible la celebración de un festejo taurino. Se anulan el tercio de banderillas, los estoques y las puntillas. Solo se lidiarían tres toros que, además, debían pasar un control antidopaje, al igual que los toreros. Estos, además, solo podrían usar la muleta y el capote durante los diez minutos de lidia. Después, los animales volverían a sus ganaderías. Además, en las plazas no se podrán consumir alcohol y queda prohibida la asistencia a los menores de 18 años.

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