Las exenciones fiscales a la Iglesia en España pueden ser ayuda estatal prohibida

El Tribunal de Justicia europeo explica que estas medidas pueden no ser legales «si se otorgan respecto de actividades económicas»

COLPISA / AFP BRUSELAS.

Las exenciones fiscales de las que se beneficia la Iglesia en España podrían considerarse en determinados casos como ayudas estatales prohibidas en la Unión Europea. Así lo estimó ayer el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) al responder a la duda planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Madrid, que debe pronunciarse sobre el caso del colegio de la Congregación de Escuela Pías de Getafe. El centro pagó por unas obras en el salón de actos más de 23.000 euros en impuestos municipales.

En virtud de los acuerdos firmados entre Madrid y la Santa Sede en 1979, la Iglesia se beneficia de algunas exenciones fiscales y, en este sentido, la congregación responsable del colegio pidió la devolución del impuesto municipal, algo que se le desestimó. En su fallo, los magistrados europeos consideran que «las exenciones fiscales de las que disfruta la Iglesia católica en España pueden constituir ayudas estatales prohibidas si se otorgan respecto de actividades económicas» y cumplen determinados requisitos.

En el caso del colegio religioso de Getafe, se ofrece enseñanza obligatoria, financiada con fondos públicos, pero también formación voluntaria «que no está subvencionada con fondos públicos y por la cual se cobran derechos de matrícula», recuerda en un comunicado el alto tribunal europeo.

«Únicamente las actividades de enseñanza no subvencionadas por el Estado español parecen revestir carácter económico», señala el TJUE, que precisa que el caso del centro de Getafe cumple con dos de los cuatro requisitos de una ayuda estatal prohibida. Además, el impuesto municipal en cuestión se creó tras la entrada de España en la entonces Comunidad Económica Europea en 1985, por lo que si el titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Madrid finalmente estima la existencia de una ayuda estatal, esta debería notificarse a la Comisión Europea, como responsable de la política de competencia en la UE.

Fuentes de la Conferencia Episcopal Española aseguraron que «en su día el colegio desistió de su petición y se produjo el abono efectivo del impuesto correspondiente». Respecto a la sentencia «que resuelve una cuestión prejudicial, está en fase de estudio por los servicios jurídicos de la Conferencia dada la complejidad de la temática. En todo caso, la Conferencia Episcopal, como siempre, «actuará respetando el ordenamiento jurídico vigente».

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