WWF denuncia que las comunidades no controlan el uso de venenos en el campo

D. AYLLÓN MADRID.

El empleo de cebos envenenados para matar animales -ilegal en la legislación europea y española- está considerado desde hace años como la mayor causa de descenso de los mejores y últimos reductos europeos de aves como el buitre negro, el alimoche o el milano real. Además, supone una amenaza muy grave para especies como el águila imperial ibérica o el oso pardo cantábrico. España es uno de los puntos calientes de biodiversidad, ya que alberga entre el 80% y el 90% de aves rapaces carroñeras de Europa, alguna de ellas en peligro de extinción. El uso de cebos envenenados hizo que, en el periodo 1992-2013, murieran 185.000 animales entre aves y mamíferos.

El informe 'La lucha contra el veneno en España entre 2011-2016', presentado por WWF España, revela que las comunidades autónomas han reducido la dotación de medios para la investigación toxicológica y forense de los casos de envenenamiento. Y es que la cifra de animales muertos por esta causa no es exacta, ya que sólo se detectan alrededor de un 10% de los cadáveres. La organización alerta de la poca puntuación lograda por la suma de todas las comunidades en la evaluación de la lucha contra el veneno, con 267 puntos. En 2011 consiguieron 280. Sólo Andalucía logra el aprobado, situado en 24 puntos, con 28.

WWF denuncia, además, la falta de investigación policial de los casos y la aplicación de la normativa. Esto se debe a «la escasa prioridad política que se está dando a la solución del problema».

Resultados bajos

Sólo Andalucía, Cataluña (20,5 puntos) y Aragón (20) son las regiones que más se afanan en este control, aunque Castilla-La Mancha (19,5), Baleares (18,5), Navarra (17,5) y Asturias (17) están cerca de lograrlo. Andalucía se mantiene a la cabeza de la clasificación, pero baja seis puntos (de 34 a 28) con respecto a la última encuesta realizada. Además, la mayoría de las autonomías -10 de 17- permanecen en la categoría de 'graves carencias'. Las tres últimas de la lista son Madrid (11,5), País Vasco (11) y Castilla y León (10). Esta última, que es clave para la conservación de especies muy amenazadas y afectadas por el veneno, baja doce puntos con respecto a la última evaluación. El motivo principal es que los agricultores han extendido el uso de veneno en roedores.

WWF reclama al Gobierno que refuerce y actualice la estrategia nacional contra el uso de veneno en animales, la vigilancia y la investigación especializada.

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