El Congreso garantizará el voto a todos los discapacitados

A. TORICES MADRID.

España dará hoy el primer paso para terminar con lo que la ONU y las organizaciones de discapacitados consideran que constituye una de las mayores discriminaciones que sufre este colectivo. El Congreso iniciará la tramitación de la reforma legal que garantizará a todos los discapacitados intelectuales el derecho al voto, suprimiendo las limitaciones y controles judiciales que han dejado a más de 100.000 ciudadanos sin posibilidad de acudir a las urnas.

El pleno tomará en consideración esta proposición de ley con el respaldo seguro de PSOE, PP, Unidos Podemos y Ciudadanos, el 95% de los diputados, y con altas posibilidad de apoyo unánime.

La demanda histórica de organizaciones como Cermi, Down España o Plena Inclusión comienza el camino para convertirse en ley gracias a la iniciativa de la Asamblea de Madrid, que, a propuesta del PSOE, acordó por unanimidad remitir al Congreso para su debate y aprobación esta reforma de la ley electoral que busca blindar a todos los discapacitados los mismos derechos civiles y políticos del resto de españoles.

La reforma, si mantiene el apoyo inicial, podría convertirse pronto en ley, pues es de artículo único. El proyecto pide la supresión de dos de los tres motivos por los que la ley electoral permite retirar el sufragio. Que un juez así lo decida expresamente en la sentencia firme de un proceso por incapacidad o que un magistrado lo ordene, por un período concreto, en la autorización para un internamiento en un psiquiátrico. Si se respeta la redacción actual, el único motivo por el que un español podría ser privado de su derecho de sufragio es que sea condenado temporalmente a ello como parte de la pena por la comisión de un delito.

Para desbaratar las situaciones de discriminación que ya se han producido, la proposición añade una disposición adicional. Establece que, al día siguiente de su publicación en el BOE, quedarán sin efecto todas las limitaciones judiciales del derecho de sufragio acordadas en España por motivos de discapacidad y, por lo tanto, todos los afectados serán reintegrados plenamente en sus derechos civiles.

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