El Congreso aún no ha garantizado la pensión a todos los huérfanos de la violencia machista

Una escena de maltrato machista en el interior de la vivienda familiar. :: r. c./
Una escena de maltrato machista en el interior de la vivienda familiar. :: r. c.

La Fundación Mujeres, que trabaja con estos menores, muestra su «preocupación» por la lentitud de una reforma iniciada en mayo pasado

ALFONSO TORICES MADRID.

Varios centenares de menores que se quedaron sin madre por un crimen machista siguen a la espera de que el Congreso apruebe una ley, que comenzó a tramitar hace más de ocho meses, para cobrar por primera vez una pensión de orfandad, en muchos casos, o para poder recibirla completa y en una cantidad algo más digna que la actual, en el caso de los demás.

La proposición de ley que garantizará este derecho para todos los huérfanos por esta lacra, con independencia de si su madre cotizó o no a la Seguridad Social, fue admitida a trámite el 22 de mayo de 2017 por el pleno del Congreso. Se tomó en consideración por unanimidad de todos los partidos, que la marcaron urgente, hasta el punto de que fue incluida como uno de los 214 puntos del pacto de Estado contra la violencia machista.

La reforma legal, tramitada a iniciativa del PSOE, pese a no tener una complejidad excesiva, pues consta de un único artículo y de cuatro puntos, entró en la Comisión de Seguridad Social tres días después del visto bueno del pleno y allí sigue desde entonces en el proceso de presentación y debate de enmiendas.

La Fundación Mujeres, una ONG que ayuda a estos menores a través de las becas Fiscal Soledad Cazorla, mostró ayer, a través de su directora, Marisa Soleto, su «preocupación» por el «retraso» del Congreso en aprobar la reforma. Pidió a los partidos que se den prisa para evitar que muchos de estos huérfanos, que durante años han estado olvidados por los poderes públicos, entren en situaciones de precariedad que condicionen su vida y ahonden en su tragedia, pues en muchas ocasiones quedan al cargo de sus abuelos, que no cuentan con más ingresos que sus prestaciones de jubilación.

La reforma busca acabar con unos requisitos muchas veces imposibles. La ley exige ahora que para que se pueda recibir la prestación la víctima (la madre) debía trabajar o estar dada de alta en el desempleo en el momento de su muerte, o, en su defecto, tener cotizados al menos 15 años a la Seguridad Social. Pero son muchas las asesinadas que no cumplen, por lo que también son muchos los huérfanos que, además de sin madre, se quedan sin pensión para salir adelante. La solución propuesta por el PSOE es que el asesinato de una mujer por su pareja se equipare siempre a una situación de alta, con lo que sus huérfanos recibirán automáticamente la pensión.

Ángeles Álvarez, la diputada socialista promotora de la reforma, avanzó en mayo que las actuales trabas legales han podido de dejar sin ayudas hasta a la mitad de los menores víctimas de esta lacra. Se sabe que, desde 2013, 189 chicos perdieron a su madre a manos de su pareja, pero los cálculos de la Fundación Mujeres son que desde 2004 los huérfanos menores superan los 500.

Todos los partidos se mostraron favorables en mayo a establecer el carácter retroactivo de la reforma, para que accedan a la pensión todos los huérfanos a los que se les denegó y cumplan los requisitos de edad y económicos de la prestación.

A la espera de que las pensiones se generalicen, la Fundación Mujeres y el Fondo de Becas Soledad Cazorla buscan recursos para dar ayudas a huérfanos con problemas de fracaso escolar y para cubrir las necesidades económicas de los que quieren acudir a la Universidad y carecen de medios. Con el patrocinio de Reale Seguros, han organizado en Madrid, el 11 de febrero, la primera edición de la carrera solidaria por las huérfanos de la violencia machista. La recaudación de la prueba, tanto el dinero de las inscripciones de corredores como las donaciones de particulares y empresas, irá destinada a engrosar el fondo de becas.

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