La Rioja

La sanidad pública rechaza a 3.340 inmigrantes con derecho a atención médica

Los pacientes hacen cola en la administración de un centro de salud de Sevilla. :: ROCIO RUZ
Los pacientes hacen cola en la administración de un centro de salud de Sevilla. :: ROCIO RUZ
  • Un informe elaborado por médicos, asociaciones de usuarios y ONG recoge que 2.744 extranjeros ni siquiera llegaron a ver a un facultativo

La Agencia Tributaria de Galicia reclama 30.000 euros a M. L., una mujer boliviana que llegó a España engañada por una red de trata de blancas con fines sexuales. Su deuda con la Administración es debida a la cura de las lesiones sufridas por la agresión de un individuo, a las consultas médicas al quedarse embarazada y al parto en un hospital público. Ella es uno de los 3.340 casos de inmigrantes excluidos del Sistema Nacional de Salud (SNS) desde 2014, según la Red de Denuncia y Resistencia al Real Decreto 16/2012 (Reder), integrada por sociedades médicas, y asociaciones como Médicos del Mundo, Cesida o Andalucia Acoge.

Cuando se cumple un lustro de la reforma sanitaria puesta en marcha por Ana Mato, que supuso la exclusión de unas 900.000 personas, un informe elaborado por Reder pone de manifiesto que, a diferencia de M. L. que sí que llegó a ponerse en manos de los médicos, de estos 3.340 casos acreditados 2.744 personas ni siquiera llegaron a ver a un facultativo. Destaca que en 1.309 casos el afectado carecía de información sobre su derecho, a 325 se les explicó mal el trámite y a 45 se les dieron respuestas disuasorias al informarse. Pero los problemas no quedan ahí: a otras 766 personas se les negó la tarjeta por no reunir los requisitos; mientras que al carecer de esa tarjeta 182 no fueron recibidos por el médico de familia y 117 por un especialista.

Esta organización de la sociedad civil denuncia que entre enero de 2014 y marzo de 2017, el SNS negó la asistencia, a la que tienen derecho según el cambio legislativo, a 687 personas. Reder denunció que eran 146 embarazadas, 243 menores de edad, 26 solicitantes de asilo. A 341 se las rechazó en el servicio de urgencia o fueron atendidas y ahora se les pide que abonen los gastos. Los afectados fueron de un lado a otro tratando de conseguir la atención médica que necesitaban. Pero se les cerró una puerta tras otra. La mayoría de estas incidencias tuvo lugar en la administración de los centros de salud donde se contabilizaron 930 rechazos. Pero también hubo 342 casos en los servicios de urgencia, 309 en las consultas de medicina general, 249 en las oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) o en los centros de la administración autonómica y 108 en la admisión de los hospitales.

A juicio de la vicepresidenta de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, Elena Polentinos, «después de cinco años seguimos registrando casos y muchos se consideraban una excepción en esa norma». Y es que el real decreto de 2012 recogía que entre las personas que serían atendidas sin tarjeta sanitaria estarían los enfermos crónicos. En concreto, según Reder, se negó la atención médica a 51 de las personas enfermas de cáncer, 87 que sufrían hipertensión arterial, 26 que padecían VIH, 74 que presentaban afecciones cardiovasculares, 107 enfermos de diabetes en distintos grados y a 53 que requería atención al presentar trastornos de salud mental grave.

Sin receta ni medicina

Entre estos enfermos crónicos estaría J. G., una venezolana que llegó a Canarias en 2014 con permiso de reagrupación familiar. Su caso se agrava dado que pese a ser encontrarse en situación regular en España y padecer diabetes, el INSS le negó la tarjeta sanitaria. El documento es imprescindible para conseguir la receta de insulina necesaria para comprar el medicamento en la farmacia.

El informe de esta asociación recoge que de los 3.340 casos acreditados el 49% era de personas procedentes de latinoamericana. Tras ellos se situaron los procedentes de la Unión Europea (18%), África (26%), Europa del Este (4%) y Asia (2%).

Más de la mitad de los afectados están en situación de reagrupación familiar, 19% tenían pasaporte comunitario en regla, 8% eran titulares de un permiso de residencia, el 4% poseían un visado de turista o de estudiante, el 1% era nacionalizados españoles, el 1% solicitantes de asilo y 1% peticionarios de un permiso de residencia.

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