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Los colegios y los pañuelos, un problema de ida y vuelta

D. ROLDÁN

Miércoles, 15 de marzo 2017, 01:17

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En septiembre de 2016, Takwa Rejeb decidió que quería ir con la cabeza cubierta con un pañuelo para estudiar un grado superior de Turismo de Formación Profesional en el instituto público Benlliur de Valencia. La dirección era inflexible: ninguna prenda puede cubrir las testas de los estudiantes. La norma interna creada en 2009, pensada para gorras o sombreros, se aplicó sin excepción. Después de un tira y afloja, la Generalitat valenciana intervino y permitió que la estudiante fuera a clase con la cabeza cubierta. Ella no escondió que estaba «feliz» con esta decisión.

Una situación que no ha sido la última. Los colegios e institutos tienen plena potestad para determinar las normas de vestimenta de sus alumnos, dándose la circunstancia de que en comunidades como Madrid, la mitad de los institutos permiten el hiyab y la otra mitad, no. Esa situación la vivió Najwa Malha en Pozuelo de Alarcón (Madrid). Con 16 años, acudía al IES Camilo José Cela para estudiar cuarto de la ESO cuando decide llevar el pañuelo. Cuatro profesores escribieron unos advertimientos en los que se indicaba que estaba violando las normas del centro educativo. No se puede ir con la cabeza cubierta. Al igual que Takwa. Algunos compañeros le apoyaron -acudieron con capucha y fueron expulsados- y comenzó a dar clases en la sala de visitas apartada del resto para que llevara el velo. Hasta que se hartó y cambio de instituto, a uno donde sí está permitido el hiyab.

En 2013, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid le daba la razón al centro educativo, aunque sin entrar en un ataque a la libertad religiosa defendida por la familia. Un derecho fundamental que tampoco pueden legislar los ayuntamientos, como señaló el Supremo al suprimir la ordenanza de Lleida en espacios municipales. «La sentencia destaca la necesidad de la regulación por ley», indicaba el alto tribunal hace cuatro años. Esta semana, en cambio, un juzgado de Primera Instancia de Palma sí entendió un ataque a la libertad religiosa que Acciona impidiera a una empleada usar el hiyab.

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