La Rioja

«¡Queremos votar!»

Discapacitados, familiares y miembros de sus asociaciones protestan, ayer, ante la sede del Tribunal Constitucional. :: Javier Tormo / EFE
Discapacitados, familiares y miembros de sus asociaciones protestan, ayer, ante la sede del Tribunal Constitucional. :: Javier Tormo / EFE
  • Cientos de discapacitados salen a la calle para exigir a Gobierno y jueces que acaben ya con su «discriminación» electoral

Madrid. «¡Queremos votar!». Centenares de discapacitados intelectuales llegados de todo el país, apoyados por sus familias, desafiaron ayer durante una hora la fría mañana de Madrid y gritaron una y otra vez su reivindicación ante la sede del Tribunal Constitucional.

Las principales organizaciones que los agrupan, Cermi, Down España y Plena Inclusión, bajo el lema '#MiVotoCuenta', aseguran que han agotado su paciencia y que no cejarán en la campaña de movilizaciones y acciones judiciales hasta terminar con la «discriminación» que consideran que sufren los discapacitados en España. Son casi 100.000 los que no pueden votar por decisión de los jueces, debido a una ley electoral que no les reconoce los mismos derechos civiles que al resto de ciudadanos. La ley española permite prohibir el voto a este colectivo social cuando una sentencia firme declare de manera expresa que entre las incapacidades que afectan a la persona está la de ejercer el derecho al sufragio.

Los claros destinatarios del manifiesto que leyeron fueron el Gobierno y los partidos y los tribunales. A los responsables políticos les exigieron que cumplan de inmediato con la Constitución y los tratados internacionales que han firmado y que reformen la ley electoral para que permita votar a todos los españoles, con discapacidad intelectual o sin ella, «sin excepción». A los jueces les reclamaron que, en tanto se produce esa reforma, se olviden de los exámenes de conocimientos a que someten durante los procesos a los discapacitados y que interpreten la norma a la luz de lo dispuesto en la Convención de la ONU sobre Discapacidad, firmada por España en 2008 y de obligada aplicación por los tribunales. El tratado, en resumen, declara que estos ciudadanos tienen el derecho a votar y a ser votados «en igualdad de condiciones con los demás» y que los estados se comprometen a garantizar su «participación plena y efectiva en la vida política y pública».

El Gobierno y partidos como el PP o UPN, con el respaldo a priori de los demás, se han comprometido a llevar este cambio a la subcomisión que busca aprobar una reforma de la ley electoral en esta legislatura. Los populares propondrán que la nueva ley no permita que nadie sea privado de su derecho al voto «salvo en aquellos casos realmente excepcionales de plena inconsciencia o absoluta falta de conocimiento». Los portavoces de Cermi y Down España les advirtieron ayer de que ese cambio es «insuficiente». Tanto Cayo Pérez como José Fabián Cámara coincidieron en que la ley se tiene que limitar a decir que el voto es «un derecho de todos los españoles, sin ningún tipo de restricción». Cualquier excepción, insistieron, volverá a reproducir el problema y a permitir que sean los jueces quienes decidan quién está o no capacitado para ejercer el derecho. Su postura coincide con la de la ONU, que dio un tirón de orejas a España en 2013 por incumplir la convención.

Todos con Mara

Eligieron el Constitucional como diana de la protesta porque el tribunal indignó y defraudó a los discapacitados intelectuales el 28 de diciembre. Ese día, con argumentos de forma, dio por buena la decisión del Supremo de validar la sentencia que retiró el derecho al voto a Mara, una discapacitada de 20 años de Compostela, en contra de su voluntad y de la de su familia, porque consideró que no tenía un conocimiento suficiente del sistema electoral. El Constitucional se negó a entrar en el fondo del recurso, en el que la Fiscalía daba la razón a la afectada, y desdeñó, como denunció la vicepresidenta de la corte en un voto discrepante, la oportunidad de fijar una doctrina para todos los tribunales sobre si las restricciones del voto a este colectivo violan sus derechos.

Mara es el símbolo de miles de discapacitados que han vivido igual «injusticia» y, por eso, su madre, Mar Caamaño, fue una de las dos personas que leyó el manifiesto. Caamaño, que llevará su pelea hasta el tribunal de Estrasburgo, explicó que Mara «no entiende por qué no la dejan votar» cuando, hasta la firmeza de la sentencia, pudo hacerlo en las europeas, locales y generales últimas. Mar defiende que su hija es una persona con «autonomía y criterio propio» -prueba de ello, dijo, es que votó distinto a su familia- y está convencida de que si obligasen a superar el mismo examen pericial a todos los ciudadanos «habría muchos que no podrían votar».