La Rioja

El PSOE mantendrá activado un plan B para derogar la Lomce

  • Usará la proposición de ley que tramita para presionar al PP y blindar su objetivo de cambiar la norma aunque el pacto de Estado fracase

El PSOE no tiene intención alguna de retirar su proposición de ley para paralizar el calendario de implantación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), que el Congreso admitió a trámite en noviembre, con el apoyo de toda la oposición y con el único rechazo del PP. Ignorará las llamadas reiteradas del Gobierno a que la deje morir, por entender que carece de sentido tras la paralización por decreto de las reválidas, y continuará con su tramitación en la Cámara baja.

La razón es sencilla. Se trata de la fórmula parlamentaria que utilizará para mantener la presión sobre el PP, en busca de nuevas rectificaciones en política educativa, y de su plan B para conseguir derogar los aspectos más polémicos de la Lomce si todo lo demás falla. El instrumento con el que cumplir su objetivo si la vía principal -el intento de un pacto nacional por la educación- se enquista. La solución y el cauce para aglutinar a la mayoría de la oposición si al final no es posible un acuerdo con el PP.

Lo cierto es que la razón primigenia del proyecto socialista ya está cumplida. Las reválidas de cuarto de la ESO y de segundo Bachillerato que José Ignacio Wert, el padre de la Lomce, pretendía implantar en este curso están paralizadas 'sine die' y el PP no solo se ha incorporado a una subcomisión parlamentaria que buscará un pacto de Estado educativo sino que, incluso, ha puesto por escrito que el final de este trayecto, si tiene éxito, será la aprobación de otra norma que sustituya a la suya.

El éxito político que supuso el 15 de noviembre la admisión a trámite por el pleno de esta proposición de ley, que dejó claro al Gobierno que estaba solo y en minoría en defensa de la Lomce, obligó a los populares a rectificar y a pisar el acelerador para pactar con las comunidades autónomas el decreto que hirió de muerte las reválidas y recuperó la selectividad y con el PSOE y Ciudadanos el texto de creación de la subcomisión, que admite que su ley educativa es historia.

Es más, el ministro de Educación, para salir del aislamiento, abrir la vía de diálogo y frenar la reforma parlamentaria de la Lomce con que le amenazó la oposición, incluyó en su decreto de remodelación de la norma otras dos concesiones a los socialistas: que los alumnos de FP básica puedan obtener el título de ESO desde este curso sin tener que superar la reválida y que el itinerario que se haya elegido en la ESO no condicione los estudios posteriores, que todos los titulados puedan elegir si quieren ampliar la fase de estudios postobligatoria con el Bachillerato o los ciclos de FP.

Pelea soterrada

Pero, pese a sus cesiones, Íñigo Méndez de Vigo no verá cómo la proposición socialista, que el Gobierno trató sin éxito de impedir que llegase el pleno con su veto, desaparece.

El PSOE, con la reanudación de la actividad parlamentaria, sacará el embrión de ley de su letargo y, vía enmiendas al articulado en comisión, tratará de convertirla en un proyecto para derogar muchos de los puntos en controversia de la Lomce que aún siguen en vigor, que tramitará en paralelo a las negociaciones del pacto de Estado educativo. Entre sus futuros contenidos, a los que sumará los que pacte con otros grupos, estarán el retorno de la religión a asignatura sin valor académico alguno; una revisión a fondo de la política de conciertos, que apueste por los centros públicos y deje a los privados como opción solo donde es indispensable y que retire la subvención a los colegios que segregan por sexos; o la devolución de las competencias para la designación de los directores al consejo escolar del centro.

El PP, no obstante, no se quedará de brazos cruzados. Va a tratar por todos los medios de que la proposición de ley socialista desaparezca o que, por lo menos, ralentice al máximo su tramitación, para que al final quede superada por un posible acuerdo educativo.

Es muy probable que presente una enmienda a la totalidad, para que el pleno tenga que pronunciarse de nuevo sobre su admisión o rechazo, y, si fracasa, usará todos los resquicios legales para frenar su tramitación y aprobación, sobre todo en el Senado, donde tiene mayoría absoluta. No obstante, su apuesta más contundente será la impugnación ante el Tribunal Constitucional. Pedirá a la corte que la anule por que la Mesa del Congreso autorizó su debate y tramitación pese al veto del Gobierno, que reclamó que fuese desechada por suponer una minoración de los ingresos del Estado, por la posible pérdida de subvenciones europeas.

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