La Rioja

Villar de Cañas, cinco años paralizado

Manifestación por las calles de Cuenca de los partidos políticos y  los colectivos ecologistas que se oponen al ATC de Villar de Cañas.  A la derecha la maqueta de la instalación. :: R. C. / Enresa
Manifestación por las calles de Cuenca de los partidos políticos y los colectivos ecologistas que se oponen al ATC de Villar de Cañas. A la derecha la maqueta de la instalación. :: R. C. / Enresa
  • La Junta de Castilla-La Mancha frenó el proyecto del Gobieno de España con un decreto que protege una zona de interés aviar que rechazan los vecinos

  • Los pleitos dejan en el aire la construcción del primer almacén temporal de residuos radiactivos en Cuenca

A última hora de la mañana del 30 de diciembre de 2011, un pequeño pueblo de la comarca de La Manchuela conquense saltaba del mapa a todos los medios de comunicación: la portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, acababa de anunciar durante su comparecencia posterior al Consejo de Ministros que la localidad de Villar de Cañas había sido la escogida para albergar el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de los residuos nucleares de alta actividad, generados por todas las centrales españolas. La mayoría de los cerca de 500 vecinos de este pueblo acogieron la llegada del ATC como si el Gordo de la Lotería de Navidad hubiera caído íntegro en este pueblo dedicado a la agricultura y a la ganadería, que llegó a contar con cerca de 2.000 habitantes en sus mejores tiempos -los años 40 del siglo pasado-, pero que se desangró demográficamente con la emigración de los 60.

Cinco años después de aquella fecha histórica, Villar de Cañas sigue sin cementerio nuclear y su sueño de ser la California española de una nueva 'fiebre del oro' se desvanece poco a poco. El proyecto, presupuestado en cerca de 1.000 millones de euros, está casi paralizado e inmerso en litigios judiciales y, en cinco años, sólo se han adecentado los accesos, con una carretera de nuevo trazado desde la A-3, y se han construido una nave, un laboratorio y un edificio destinado a investigación.

«El ATC se acabará construyendo», repite el alcalde de Villar de Cañas, José María Saiz, del PP, que ve en el cementerio nuclear la vía más rápida de desarrollo de su pueblo y de toda la comarca. De hecho, en los primeros meses de 2012 cientos de currículums llegaron al Ayuntamiento y en el pueblo comenzaron a surgir nuevos negocios como un hostal y un estudio de arquitectura.

Grullas y avutardas

Lo único que ha evolucionado a lo largo de este tiempo ha sido la batalla judicial que sigue enfrentando a defensores y detractores del proyecto. El pasado mes de octubre, el Gobierno de Castilla-La Mancha (PSOE) aprobó un decreto para ampliar la protección de la cercana laguna de 'El Hito' como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) -las grullas y avutardas del entorno-, lo que afectaba directamente a los terrenos del ATC. Decreto que ha sido recurrido por el Gobierno de España, los ayuntamientos de Villar de Cañas, Zafra de Záncara y Villarejo de Fuentes y la Plataforma de Afectados por la ZEPA.

Y es que el decreto -que rechazan los vecinos de los pueblos de la zona- establece que «cualquier alteración del espacio físico» de la zona deberá contar con el permiso de la Consejería de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha. Su titular, Francisco Martínez Arroyo, pide al Gobierno de Rajoy que «busque otras alternativas a un modelo energético con el que estamos disconformes».

Por si esto fuera poco, al proyecto del cementerio nuclear le surgen otros obstáculos. Por un lado, el Ministerio de Medio Ambiente aún no ha emitido un informe de impacto ambiental favorable; por otro, informes del Área de Ciencias de la Tierra y del Servicio de Ingeniería del Consejo de Seguridad Nuclear desaconsejan los terrenos elegidos por sus características geológicas. Ante la paralización del ATC, algunas centrales como la de Garoña (Burgos) han optado por construir un almacén individual de residuos en la propia planta pagar guardar su combustible nuclear. Mientras tanto, la basura nuclear española almacenada en Francia y el Reino Unido cuesta a las arcas públicas en torno a 60.000 euros diarios. Tan paralizado como el proyecto está Villar de Cañas, que recuerda el 30 de diciembre de 2011 como un pequeño 'Bienvenido, Mister Marshall' en versión nuclear.