La Rioja

El Congreso reclama al Gobierno la paralización inmediata de las reválidas

  • El Ejecutivo y el PP se quedarán hoy solos frente a la oposición en su empeño por implantar pruebas finales en Secundaria y Bachillerato

El Gobierno y el PP sufrirán hoy, según todas las previsiones, una contundente derrota parlamentaria. El pleno del Congreso, por abrumadora mayoría, reclamará al Ejecutivo que paralice «de forma inmediata» el calendario de aplicación de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) y, en concreto, le instará oficialmente a que desista de implantar en este curso las polémicas reválidas al final de la Educación Secundaria y del Bachillerato.

La oposición en bloque, seis de cada diez diputados del hemiciclo, dejará al PP aislado y respaldará una proposición no de ley del Partido Demócrata Catalán (la antigua Convergència) que insta al Ejecutivo a derogar el real decreto por el que reguló las condiciones para que este año los alumnos de último curso de la ESO (cuarto) y los de último curso de Bachillerato (segundo) tengan que enfrentarse en junio de forma obligatoria a sendas pruebas de conocimientos generales que si suspenden les impedirán obtener el título oficial con independencia de que hayan aprobado o no el curso.

En este curso, por ser el primero en que está prevista la aplicación del cambio normativo, el pinchazo en estas evaluaciones externas no tendría efectos directos y no implicaría quedarse sin el título, cosa que sí ocurriría en años sucesivos, según el decreto gubernamental aprobado el 29 de julio pasado. La creación de la segunda reválida, la del Bachillerato, es aún más relevante porque cumplirá además un papel similar al de la antigua selectividad -marcará la nota final para el acceso a la Universidad- al quedar derogada por la Lomce la anterior prueba.

Por puntos

La mayoría del Congreso, en el segundo pleno ordinario de la legislatura, quiere dejar claro a los populares que hace tres años el entonces ministro José Ignacio Wert impuso al resto del hemiciclo una reforma (la Lomce) sin consenso gracias a la mayoría absoluta de la que gozaba, pero que ahora, con 137 diputados, ni el PP ni el Gobierno están ya en condiciones de mantener el desarrollo de la norma frente al resto de formaciones por más tiempo. Las proposiciones no de ley del Parlamento carecen de carácter vinculante y no obligan al Ejecutivo a su cumplimiento, pero sí tienen valor político y más en este caso por el enorme respaldo.

El punto primero de la iniciativa, que pide la paralización del calendario de aplicación de la Lomce y la no implantación de las reválidas, podría alcanzar el apoyo de 213 diputados, el 61% de la cámara, al ser respaldado, según anticipan los grupos, por PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, Esquerra, PNV y el Grupo Mixto. Por todos salvo el PP.

El punto segundo de la proposición, el que pide directamente «impulsar urgentemente las iniciativas necesarias para derogar la Lomce», también está previsto que sea aprobado con mayoría, pero del bloque opositor se podrían caer los 32 votos de Ciudadanos si los nacionalistas catalanes no aceptan modificaciones. La formación naranja negocia con el PDC una enmienda que sustituya en este punto la exigencia de derogación de la Lomce -que cree que por sí sola provocaría un vacío legal en el ámbito docente- por la paralización de su aplicación y la creación inmediata de una subcomisión parlamentaria para lograr en seis meses una pacto nacional por la educación que de a luz una nueva ley integral con amplio consenso que sustituya a la impuesta por Wert.

Pese a que el PP y el ministro de Educación en funciones, Íñigo Méndez de Vigo, conscientes de su minoría parlamentaria dicen estar abiertos a negociar un pacto de Estado en la materia, por el momento ni unos ni otro han dado señal alguna de que estén dispuestos a aceptar, mientras se intenta el diálogo, la paralización de las reválidas. El ministro, de hecho, aprovechó ayer el acto de inauguración oficial del curso universitario para destacar que «la prueba final de Bachillerato es conforme a los requisitos legales y la adecuada a las necesidades de los alumnos y sus familias».

Si al final Mariano Rajoy logra superar la investidura con el respaldo de Ciudadanos, deberá paralizar las reválidas y abrir la mesa de negociación con partidos y agentes educativos, pues a ello se comprometió el PP en el pacto que rubricaron.

El 'no' político de hoy a las reválidas se suma a la oposición a su implantación de 13 de las 17 autonomías -alguna de las cuales la recurrirá a los tribunales-, de los sindicatos de profesores, de las principales asociaciones de padres, y de las organizaciones de estudiantes, que han convocado una huelga el 26 de octubre para exigir su derogación.