La Rioja

Un instituto valenciano impide a una alumna ir a clase con velo

El artículo 16 de la Constitución reconoce «la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley». Amparada en este artículo, además de en las distintas declaraciones de Derechos Humanos, Tarak Rejeb, está decidida a no dar un paso atrás. Con 22 años se ha plantado ante lo que considera una arbitrariedad del IES José Benlliure de Valencia. «Nadie puede obligarme a renunciar a mis convicciones religiosas». No renunciará a llevar hiyab.

Aunque la joven, que empezó las clases el 8 de septiembre del grado superior en este centro, aboga por alcanzar una solución negociada. «He nacido en España y me han enseñado que los problemas se arreglan hablando, pero nadie puede impedir que practique mi religión». Desde el inicio del curso no ha podido acudir a las clases. «Me da rabia porque estoy en mi derecho a asistir y me lo impiden», explicó.

El día de la presentación acudió al centro con hiyab. Al acabar el acto el director la citó en su despacho y le explicó que no podía acudir al centro con el velo. «Me indicó que tenía tres posibilidades. Abandonar el centro, quitarme el pañuelo o cambiar de instituto», aclaró Tarak. «Me dijo que no era una cuestión de discriminacion religiosa, sino que lo prohibía el reglamento de funcionamiento del centro».

Rejeb explicó que es española y que ha pasado por varios centros públicos y en ninguno ha tenido dificultades para llevar hiyab. La joven acudió a distintas asociaciones en busca de ayuda. La denuncia aparece respaldada por SOS Racisme junto al Movimiento contra la Intolerancia, Centro Cultural Islámico de Valencia y Plataforma contra la Islamofobia.

La Conselleria de Educación ha tomado cartas en el asunto y citó en su momento al director, que al parecer no ha dado su brazo a tocer. Desde la administración educativa se explicó que el centro está aplicando de una manera restrictiva el reglamento, «pero este es un caso de derechos fundamenales», explicó el abogado Francisco Solans de SOS Racisme.