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El obispo de Lérida exige el certificado 'antipederastia' a los trabajadores de la diócesis

D. R.

Sábado, 28 de mayo 2016, 01:22

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madrid. El obispo de Lérida, Salvador Giménez Valls, ha abierto un plazo de tres meses para que todas las parroquias, delegaciones y servicios pastorales envíen a la secretaría general de la diocésis toda la documentación necesaria de todas las personas que trabajan de forma habitual en el obispado y, sobre todo, con menores. Después, la secretaría general será la encargada de solicitar el certificado negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales, el llamado certificado 'antipederastia'. Es la primera vez que un obispado centraliza estos servicios que afectan, según el informe de 2015 de la diócesis, a 82 curas, tres diáconos y trece animadores de la comunidad al estar «en contacto con niños y jóvenes».

Además, Giménez Valls recalca en su decreto público que esta decisión incluye a todos los «monitores de ocio, catequistas y voluntarios» en cumplimiento de la ley 26/2015 que modificó del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. Unas 500 personas tendrán que demostrar que no han sido condenadas con anterioridad por algún delito de naturaleza sexual si quieren trabajar con menores en programas auspiciados por el obispado.

De esta manera, Gímenez Valls, que ocupa desde hace seis meses y unos días el Obispado de la provincia catalana, es el primer obispo español que decide realizar este trámite de forma unitaria. Por otra parte, la Conferencia Episcopal Española (CEE) está recibiendo consultas de otros obsipados sobre si la modificaciçón legislativa les afecta. En todos los casos, la CEE está respondiendo de forma afirmativa.

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