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La diferencia de gasto social de las comunidades llega a mil euros por habitante

El dinero que dedican las autonomías a estas prestaciones revela grandes desigualdades en el Estado del bienestar en España

BORJA ROBERT

Martes, 5 de mayo 2015, 00:57

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El Estado del bienestar no es igual para todos. La diferencia de gasto por habitante en educación, sanidad o servicios sociales varía de forma significativa entre comunidades autónomas. Entre la que más y la que menos, roza el 50%. Prácticamente mil euros por ciudadano y año, según un estudio elaborado por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie). Una desigualdad que, según los autores del trabajo, pone en cuestión la equidad en el acceso a los servicios públicos fundamentales en España pese a que tiene una importancia social y económica muy destacada para las familias.

«Ciudadanos de distintas regiones no pueden acceder a servicios al mismo nivel», aseguró ayer Francisco Pérez, catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia y coautor del estudio, durante su presentación en Madrid. «Y los servicios de los que hablamos son muy importantes; representan un 44% de la renta disponible ajustada de las familias». Es decir, su renta si se descuentan los impuestos que pagan pero se le suman lo que cuestan su educación, su sanidad y el resto de prestaciones que le llegan de parte de las administraciones públicas como ayudas a la dependencia o pensiones.

Las diferencias entre las comunidades, explicó Pérez, tienen varios orígenes. El nivel de ingresos de las comunidades autónomas, las necesidades diferentes de los ciudadanos de cada región -que pueden depender de la dispersión geográfica de su población y otros factores- y también razones históricas o políticas. Por norma general, recalcó, «las que más gastan también son las que más ingresan». Si se cuentan todos los servicios públicos fundamentales, en lo más alto de la lista de gasto por habitante están País Vasco, Navarra, Asturias y Cantabria. En 2013 -el último año con datos del estudio- el gasto por habitante en estas fue de 2.749 euros o más. Las cuatro con menos gasto por ciudadano son Islas Baleares, Canarias, Madrid y la Comunidad Valenciana, que no superaron los 2.132 euros al año.

Fondos de reserva

Los gastos sociales que ejercen las comunidades autónomas, aclaró Pérez, suponen en torno a un 45% del total de los servicios públicos fundamentales. Estas tienen transferidas las competencias sanitarias y educativas, por lo que esas transferencias son mayoritariamente, sean económicas o no, suyas. Las pensiones, sin embargo, corren a cuenta de la Seguridad Social y suponen casi la mitad del total. «Las administraciones locales y central tienen un peso relativamente residual», matizó el catedrático. Como la Seguridad Social cuenta con el fondo de reserva para las pensiones, explicó Pérez, esta parte del gasto social ha sufrido mucho menos los efectos de la crisis. Desde 2009, afirmó, se ha mantenido relativamente estable. La sanidad y la educación, sin embargo, han sufrido recortes bruscos. Castilla-La Mancha, la que más ha ajustado desde entonces, ha reducido su gasto social por habitante en 985 euros mientras que Asturias solo lo ha hecho en 191 euros durante el mismo periodo.

«En educación las diferencias entre comunidades autónomas llegan hasta el 55%», explicó Pérez. País Vasco, Navarra y Asturias encabezan la lista de las que más dinero dedican -1.224, 1.107 y 1.067 euros por habitante respectivamente- y Madrid, Baleares, Canarias y La Rioja quedan en los lugares de cola -791, 831, 846 y 890 euros por habitante, en este orden-.

En sanidad, explicó el autor del estudio, las diferencias entre regiones son algo menores pero llegan al 45% entre las que más y las que menos gastan. En este caso, Asturias lidera la lista -con 1.714 euros por ciudadano- seguida de País Vasco y Cantabria, y Andalucía -con 1.182 euros por persona- es la que menos gasta de las 17, justo detrás de Islas Baleares y la Comunidad Valenciana. La Rioja, con 1.429 euros por ciudadano, se encuentra en una situación intermedia. Pese a todo, afirmó Pérez, las comunidades autónomas han peleado durante la crisis para mantener estos servicios en marcha. «El Estado del bienestar ha sufrido, sin duda, pero no se ha destruido», aseguró. «Se han producido caídas importantes de los recursos dedicados, pero se ha hecho un esfuerzo por preservarlo. En 2007 estas dedicaban, de media, un 23% de su PIB al gasto social, un porcentaje que ha aumentado hasta el 28% durante la crisis», recalcó.

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