Una adjudicación en entredicho

La ilegalidad consistiría en haber adjudicado la gestión del mismo servicio por un año y volverlo a hacer después por nueve meses, algo prohibido por la ley de contrato menor. Intervención sustenta sus reparos en ello: «Nos encontramos ante dos adjudicaciones tramitadas mediante contrato menor, con la misma causa, el mismo objeto, el mismo sujeto, lo que refleja una necesidad continuada en el tiempo, y que supone que se ha producido un fraccionamiento del objeto del contrato al realizarse contrataciones menores sucesivas para cubrir necesidades recurrentes», argumenta.

Barrón asegura que este informe confirma «las sospechas que hace meses hice públicas en prensa y que el alcalde negó en otro comunicado», y añade que ello se realizó «con el consentimiento de la secretaria general, ya que no obra ningún informe de secretaria, ni negativo ni de ningún tipo en el expediente de la contratación, que ponga en conocimiento dicha vulneración legal».

También muestra su extrañeza por el hecho de que las facturas reparadas «lleven la firma de la concejala de Cultura y no la de Turismo, cosa poco lógica», y por la diferencia de 12 días desde la firma en papel por Intervención, el 9 de marzo, y la firma electrónica, el 21.

Barrón asegura que «la gestión del dinero de los calceatenses tiene que ser transparente y todo lo que se contrate o compre con dinero público debe ser realizado con el procedimiento adecuado». También critica que la oposición esté «a la sopa boba» mientras pasan estas cosas en el Ayuntamiento. No es normal que un grupo, por ejemplo el PP, se lleve 15.600 euros al año por su labor de oposición y no vean cosas como esta», indicó.