El Tribunal Superior de La Rioja justifica el derribo de la vivienda de los Gómez-Sota

Mario Herreros, presidente entonces del 'Casco Antiguo', y la familia Gómez-Sota, el día del derribo. :: i.á./
Mario Herreros, presidente entonces del 'Casco Antiguo', y la familia Gómez-Sota, el día del derribo. :: i.á.

La Justicia da ahora la razón al Consistorio en el recurso contra la sentencia que declaraba nula la demolición del inmueble

I. ÁLVAREZ CALAHORRA.

El Ayuntamiento de Calahorra no deberá indemnizar finalmente a la familia Gómez-Sota por el derribo el 25 de julio del 2013 de la vivienda en la que residían en el Rasillo de San Francisco, como consecuencia del derrumbe de otro inmueble colindante. El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja acaba de dar la razón al Consistorio al estimar el recurso presentado contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo que el 7 de noviembre del 2017 declaraba nulo el informe técnico que aconsejaba el derribo del inmueble y pedía una indemnización para los propietarios.

Estudiado el recurso del Ayuntamiento, el tribunal dictamina, según la sentencia a la que ha tenido acceso Diario LA RIOJA, que la vivienda de la familia formaba parte de la misma unidad predial (elementos arquitectónicos estructurales o funcionalmente relacionados que forman parte de un cuerpo constructivo único) que el edificio anexo que sufrió el derrumbe.

Por lo tanto, entiende que no era posible la declaración de ruina parcial del inmueble como demandaba la propia familia.

Sobre este aspecto, el recurso presentado por el Ayuntamiento recoge que sendos informes del aparejador y de la arquitecto municipal señalaban que el edificio tenía «varios cuerpos edificatorios diferenciados pero vinculados funcionalmente y/o apoyados estructuralmente unos con otros». Tras el derrumbe sufrido en uno de esos cuerpos, los técnicos del Ayuntamiento declararon la ruina inminente de todo el edificio por el «riesgo evidente de sufrir un colapso generalizado de sus elementos estructurales, con el consiguiente desplome, que afectaría a la seguridad de personas y bienes en la vía pública».

El Tribunal Superior de Justicia niega también que se «haya desvirtuado la presunción de objetividad que se reconoce en los informes técnicos municipales» como se recogía en la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo.

Otra de las cuestiones defendidas por el Ayuntamiento en el recurso es el hecho de que la jueza que dictó la sentencia favorable a los Gómez-Sota «tomó como norma en vigor una norma inexistente en la fecha en la que se produjo la declaración de ruina». Se señala en concreto al artículo 199 de la LOTUR, que «no era vigente en junio/julio de 2013, en que ocurren los hechos». Y añade: «El artículo 199.5 de la LOTUR, vigente a esta fecha, impedía la ejecución de obras para revertir la situación de ruina».

Por su parte, el alcalde de Calahorra, Luis Martínez-Portillo, manifestó ayer en declaraciones a este periódico que la sentencia «viene a decir que hicimos lo que teníamos que hacer, que no fue otra cosa que seguir los criterios de los técnicos» para garantizar «la seguridad de las personas que habitaban allí y las que pasaban por la calle». De otro lado, añadió que de no haber recurrido la sentencia inicial, como pidieron varios partidos de la oposición, se «hubiese adoptado una decisión que no era ajustada a derecho». La sentencia, fechada el 8 de marzo, es susceptible de recurso de casación.

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