La Rioja

El exoficial de Policía inhabilitado vuelve a presentar la denuncia que archivó la Fiscalía

El exoficial de la Jefatura de Policía de Calahorra condenado por un delito de detención ilegal, Álvaro Ibáñez, ha cargado de nuevo contra políticos y funcionarios del Ayuntamiento calagurritano. El agente, que en la actualidad se encuentra jubilado por enfermedad, ha vuelto a interponer una denuncia contra el alcalde de Calahorra, Luis Martínez-Portillo; el concejal de Policía, Javier García; el exalcalde calagurritano, Javier Pagola; el inspector jefe de la Policía Local y la secretaria municipal por unos hechos sobre los que, según el Ayuntamiento, ya se pronunció la Fiscalía de La Rioja en noviembre del 2014, cuando archivó el caso.

En aquella ocasión, el entonces oficial del turno de noche de la Policía se dirigió al fiscal para que investigara delitos relacionados con la desaparición de expedientes administrativos sancionadores, favores a empresas en materia de tráfico y coacciones hacia su persona. En ese momento estaba en la Alcaldía Javier Pagola.

Esta segunda denuncia se está instruyendo en el Juzgado nº2 de Calahorra, aunque inicialmente el exoficial denunció los hechos a finales de julio en el cuartel de la Policía Foral de Navarra, desde donde se dieron traslado al Juzgado de Estella, que finalmente envió la denuncia al de Calahorra. «Es la misma que la que presentó en la Fiscalía hace dos años y que fue archivada», explica a Diario LA RIOJA, el concejal de Policía, Javier García, quien asegura que «como denunciados no se nos ha comunicado nada».

Aún así, García señala que en «un acto de responsabilidad, nos hemos personado y hemos remitido un escrito al Juzgado». En el documento, se recoge que el agente «actúa con mala fe al omitir de forma deliberada que ya interpuso hace dos años la denuncia ante el fiscal superior y éste la archivó», recuerda. Es por ello que García considera que «podría estar incurriendo en un delito por simulación de delito o denuncia falsa». En el escrito se deja constancia también de que el denunciante «ha omitido que ha sido inhabilitado (cuatro años) por el Tribunal Supremo» por un delito de detención ilegal.