El Tribunal de Cuentas absuelve a Abad, Bermejo y Soria de la demanda de INAR por haber prescrito

El Tribunal de Cuentas absuelve a Abad, Bermejo y Soria de la demanda de INAR por haber prescrito

Sin abordar el fondo de la demanda por un pago de 174.831 euros de INAR a Adepri, la sentencia falla su prescripción porque han pasado 5 años desde los hechos

ERNESTO PASCUALARNEDO.

El Tribunal de Cuentas (TCU) ha desestimado la responsabilidad contable por alcance del ex alcalde de Arnedo Juan Antonio Abad, del concejal popular Manolo Soria -responsable de Urbanismo cuando tuvieron lugar los hechos- y del gerente y socio único de la empresa Adepri, Francisco Bermejo Donamaría, por la reclamación interpuesta por la empresa municipal Infraestructuras para Arnedo (INAR, S.A.) por una factura pagada a su gestora Adepri el 14 de julio del 2010. La factura de 174.831,28 euros respondía a los trabajos en la urbanización de la unidad El Sol.

Los demandados quedan absueltos al considerar el Tribunal de Cuentas la prescripción de la demanda por haber transcurrido más de 5 años de la acción, es decir, desde que se emitió la factura por parte de INAR a su gestora Adepri por los servicios prestados en julio del 2010 hasta que se interrumpió el plazo propio de prescripción en enero del 2016.

Los actuales responsables de INAR y del Ayuntamiento consideraron la factura indebidamente pagada a raíz del informe del secretario general del Ayuntamiento redactado en el marco de la comisión informativa abierta en enero del 2016. Por ello, la sociedad municipal demandó la responsabilidad contable de sus anteriores gestores, reclamo al que se adhirió el Ministerio Fiscal.

El Ayuntamiento de Arnedo pedía el reintegro del pago por considerar no realizados los trabajos en la zona de El SolEl Tribunal entiende que «se pusieron de manifiesto presuntas irregularidades» pero no entra a valorar el fondo del asunto

Tras el procedimiento, en su sentencia del pasado miércoles 8 de noviembre, a la que ha tenido acceso Diario LA RIOJA, el Tribunal de Cuentas declara la «no existencia de responsabilidad contable de los demandados» al estimar que la acción ha prescrito, tal y como alegaron los demandados en su defensa.

El departamento Primero de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas recibió las diligencias de este caso el 2 de diciembre del pasado año. Aconsejado desde el informe de su secretario municipal, el Ayuntamiento se personó en la causa. Así, el 15 de febrero de este 2017, el abogado de INAR interpuso demanda contra Abad, Soria y Bermejo solicitando que fueran condenados al reintegro de los perjuicios causados a los caudales públicos por emitir una factura por unos trabajos en El Sol que, según su consideración y el informe del secretario general del Ayuntamiento, no se realizaron. Hoy, esta urbanización para 154 viviendas unifamiliares es un solar poblado de hierbas frente al convento de las Clarisas, en la salida de la ciudad hacia Herce y el Alto Cidacos.

En el juicio celebrado el 4 de octubre, las abogadas de Abad y Soria solicitaron la desestimación íntegra de la demanda por la «prescripción de la responsabilidad contable» al haber transcurrido 5 años desde los hechos y acogiéndose a la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas. Además, su defensa pidió la desestimación al reiterar la ausencia de responsabilidad contable por considerar que no hubo daño o perjuicio de los fondos públicos al afirmar como justificada la factura por obedecer a la prestación de servicios de promoción de 154 viviendas de protección oficial y a los compromisos asumidos con la gestora Adepri y la constructora Zancisquerra, encargada de la urbanización de la zona. En términos similares se defendió Bermejo, que afirmó que los servicios facturados por Adepri a INAR fueron «efectivamente prestados».

Aunque la defensa de INAR llamó a considerar que el plazo de prescripción comenzara en diciembre del 2015, cuando el Ayuntamiento tomó conocimiento de la contabilidad de INAR -tras el cambio de color político- y «adquirió capacidad de reaccionar ante presuntas actuaciones irregulares», el Tribunal ha considerado que la fecha a tener en cuenta es en la que «se materializó la salida de fondos públicos», es decir, el 14 de julio del 2010. Asumiendo que el plazo de prescripción de las responsabilidades penales se interrumpió el 11 de enero del 2016, cuando el Tribunal celebró la sesión constitutiva de la comisión informativa sobre el hecho, la sentencia da por superados los 5 años de plazo para la prescripción.

Pese a que el Tribunal entiende acreditado «que en las actuaciones previas se pusieron de manifiesto una serie de presuntas irregularidades en la gestión de los fondos públicos de la sociedad INARSA», advierte de que «no se ha entrado a valorar el fondo del asunto por esta consejera, al estar prescritas las posibles responsabilidades contables». La sentencia puede ser recurrida, algo que está estudiando la defensa de INAR y del Ayuntamiento, según ha podido saber este diario.

A pesar de que la sentencia desestima íntegramente la demanda, no impone las costas del proceso a los demandantes al considerar que las actuaciones previas plantearon una situación indiciaria jurídicamente relevante y los aspectos complejos sobre el criterio de la prescripción.

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