El PP pide la dimisión de la número dos del Ayuntamiento de Arnedo por construir una piscina ilegal

«Solicitamos su dimisión por hacer abuso de poder y trato discriminatorio hacia el resto de ciudadanos al tener una construcción ilegal de la que no hay ningún tipo de expediente ni intención de que lo haya», exigió ayer el portavoz del grupo municipal popular, Toño Eguizábal.

La demanda sucede en un Ayuntamiento en el que en esta legislatura y en anteriores hay y hubo varios ediles con propiedad o con familiares en propiedad de edificaciones ilegales, como en tantas familias arnedanas. Esta reclamación popular coincide en el momento en el que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Calahorra ha citado a declarar a más de cuarenta personas, unos como testigos, otros como investigados, para dirimir por qué había 41 expedientes sancionadores sobre construcciones desde el 2007 sin concluir.

El relato de la construcción de Gil de Muro se remonta al 2008 cuando el Ayuntamiento, con el popular Juan Antonio Abad en la Alcaldía, detectó la construcción de una piscina en zona Pepman. Ante esto, y como al resto de infractores, el Ayuntamiento ofreció la opción de subsanar la legalidad vigente o seguir adelante, lo que conllevaría sanción. Optó por la primera opción y los técnicos municipales verificaron la eliminación de la piscina en la finca. En el 2010, tras la restitución de la legalidad, el expediente se archivó.

Entonces, Gil de Muro formaba parte activa de la autodenominada 'Plataforma Huerta del Cidacos', que solicitaba a administraciones y partidos levantar el Pepman. Al año siguiente, en el 2011, entró al Ayuntamiento como concejal del PSOE, en la oposición. Desde junio del 2015, es la segunda del grupo de Gobierno presidido por Javier García. «Ahora la piscina ha vuelto a aparecer y otras obras en la casa y aceras. El grupo de Gobierno conoce la infracción porque ha estado en la finca, por lo que es cómplice. ¿Qué va a hacer ahora?», señaló Eguizábal.

Ante la denuncia, Diario LA RIOJA contactó con Gil de Muro y con el alcalde, Javier García, quienes rehusaron a hacer declaraciones.

¿Quién denunció?

En su comparecencia, Eguizábal puso en duda que el alcalde o el edil de Urbanismo, José Luis Rubio, «movieran» algo, en referencia a un informe jurídico sobre los expedientes sancionadores pendientes de incoación o tramitación, que provocara que la Fiscalía actuara. Haciendo referencia al auto de citación a los afectados, apuntó la emisión el 29 de enero del 2016 del informe jurídico a petición de García y Rubio. «El informe se remite a Fiscalía», sigue el auto. «Estoy hablando del 29 de enero del 2016, cuando García dice que la primera noticia que se tiene de la investigación es el 15 de febrero. No sé si Fiscalía actuó de oficio o le ha llamado, pero el alcalde ha mentido», afirmó Eguizábal.

Respecto a las fechas, Diario LA RIOJA ha accedido a un informe en el que la técnico de Urbanismo del Ayuntamiento relata la entrevista del 15 de marzo con agentes del Seprona de Madrid y en la que confirma que ella facilitó el informe de expedientes de legalidad urbanística «realizado en fechas recientes».