El alcalde se reúne con una treintena de los citados en el caso de las casillas

En la investigación, la magistrada del juzgado número 3 de Calahorra, Cristina María Angulo Guinda, ha citado a declarar a más de 40 personas, entre propietarios, promotores y constructores, por un posible delito contra la ordenación del territorio alrededor de 41 expedientes sancionadores abiertos por el Ayuntamiento desde el 2007, pero que no se concluyeron. Entre los citados, como investigado figura el anterior alcalde arnedano, Juan Antonio Abad, imputado por presuntos delitos de prevaricación administrativa y de omisión del deber de denunciar delitos.

Ante esta citación y la repercusión que pueda tener entre los vecinos y en una ciudad en la que raro es quien no tiene una vinculación con una 'casilla', el alcalde arnedano, Javier García, se reunió anoche con una treintena de los afectados con expedientes en manos de la Fiscalía. En la llamada no figuraban ni el ex primer edil Juan Antonio Abad ni el exfuncionario del Ayuntamiento citado también por la jueza.

Con un sentido de carácter privado y de contacto entre vecinos, alejándose de los parámetros judiciales, el alcalde trasladó a los afectados que quería encontrarse con ellos para conocer sus inquietudes, intentar solventar las dudas que pudieran tener, poner a su servicio la documentación que pueda tener el Ayuntamiento y exponer el calendario de los hechos que han llevado a esta investigación, en la que el Ayuntamiento no es parte.

Según pudo conocer este periódico, García llamó a los asistentes a asumir la realidad de que las 'casillas' están bajo lupa judicial y relató el origen de la investigación: la de un expediente reincidente en zona arqueológica. Tras éste, agentes del Seprona, por mandato de la Fiscalía delegada de Medio Ambiente, solicitaron al área de Urbanismo en marzo pasado si había más expedientes abiertos. Ahí aparecieron los 41 expedientes sancionadores que no han sido finalizados. La investigación busca resolver por qué no se terminaron y las consecuencias penales y administrativas que puedan surgir por ello de cargos públicos, propietarios o promotores.

A raíz de la petición de la Fiscalía de Medio Ambiente, que derivó el caso en la riojana, el Ayuntamiento remitió la documentación. En estos momentos, la investigación está en manos de la jueza.