Arnedo eleva a 190.000 euros en el 2017 su previsión por sanciones urbanísticas

Días atrás, los medios de comunicación preguntaban al alcalde arnedano sobre si restan expedientes sancionadores por concluir en este ejercicio 2016. Javier García indicó al respecto que el Ayuntamiento no va a imponer más sanciones en lo que resta de este año debido a que todos los expedientes abiertos han ido a su tramitación en pleno en el plazo que debían cumplir. Eso sí, el primer edil ya advierte de que «hay expedientes abiertos que irán al 2017». Así, y según el Presupuesto venidero, supondrán sanciones por unos 190.000 euros.

Con todo, como su nombre indica, esa cuantía no deja de ser una presuposición. Porque el Ayuntamiento de la ciudad del calzado ha impuesto sanciones este año muy por encima de los 120.000 previstos cuando hará un año hacía los cálculos para el 2016: recordemos que el pleno impuso el 2 de septiembre cuatro sanciones por 117.501 euros en total; dos semanas después hubo otra por 26.100 euros, y el 6 de octubre se tramitaron otras dos por 30.000 cada una. Estas siete sanciones urbanísticas posteriores al verano ya suman 203.601 euros, el 70% por encima de las previsiones oficiales.

Ante el cálculo manejado para el 2017, el concejal de Ciudadanos, Pedro Marín, ha demandado al grupo de Gobierno información sobre cuántos expedientes están tramitando en la actualidad los técnicos municipales y en qué situación se encuentran. En este sentido, el grupo de Gobierno siempre ha defendido la custodia de la información en un asunto tan sensible y no han trascendido más datos.

Como única pista sobre qué tipo de expedientes está tramitando el Ayuntamiento de cara al próximo ejercicio, hay que recordar que las sanciones consideradas como graves conllevan multas de entre 3.000 y 30.000 euros, mientras que las muy graves, por edificaciones en zona protegida, abarcan y castigo de entre 30.001 y 300.000 euros.

Tema sensible en Arnedo desde hace lustros, y como cada nuevo grupo de Gobierno que entra al Ayuntamiento, el de Javier García ha comprometido la búsqueda de una solución. Para ello, ha apelado al consenso entre los grupos políticos para trabajar junto al Gobierno de La Rioja en un cambio de la Ley Especial de Protección del Medio Ambiente y Medio natural que deje de aligere la protección de las casillas arnedanas al considerarlas de 'ocio'.