La Rioja

Logroño, 18 jul (EFE).- El secretario de Economía del PSOE de La Rioja, Vicente Urquía, ha rechazado hoy la bajada de impuestos anunciada por el Gobierno regional, porque supone "renunciar a tener ingresos para mejorar la sanidad, la educación y los servicios sociales y no aumentar la inversión pública, que crea empleo".

Urquía ha analizado en una rueda de prensa los anuncios sobre una nueva rebaja fiscal, avanzados el pasado 7 de julio por el presidente del Gobierno riojano, José Ignacio Ceniceros, durante el Debate sobre el Estado de la Región.

Ceniceros adelantó la aplicación de una reducción de medio punto en el IRPF para 2018, la eliminación definitiva del impuesto de Patrimonio y otras deducciones fiscales para el medio rural.

Según el secretario de Economía del PSOE de La Rioja, todas estas medidas supondrán que el Gobierno regional deje de ingresar 10,7 millones de euros el próximo año.

Esta propuesta fiscal favorece "a los que más tienen", no es progresiva y solo beneficia a los votantes del PP, ha criticado.

A su juicio, la bonificación del IRPF apenas supondrá un ahorro medio de 31 euros anuales a cada riojano, mientras que las medidas fiscales para el medio rural apenas ascienden a 500.000 euros.

Ha censurado que la eliminación del impuesto de Patrimonio beneficiará solo a 2.000 riojanos, que dejarán de abonar a las arcas públicas 8 millones de euros, lo que supone el 75 por ciento del total previsto de ahorro.

Este socialista ha criticado que "cuando el PP no tiene propuestas suele salir con anuncios de medidas fiscales", que en su opinión, podría haber incluido en los presupuestos regionales aprobados hace apenas tres meses.

Por ello, ha cuestionado la "falta de rigor y seriedad" del Gobierno riojano, al anunciar estas medidas fiscales "populistas y electoralistas".

Urquía ha precisado que esos más de 10 millones que no se van a ingresar suponen un tercio del presupuesto anual destinado a política industrial, que asciende a 30 millones de euros, mientras que la partida regional para el gasto en justicia es de 15 millones.

Ha abogado por incrementar la presión fiscal, ya que España es uno de los países europeos que la tiene más baja, para poder dedicar más recursos a contratación en sanidad, bajar la ratio por aula en educación y subir el sueldo a los empleados públicos.

También ha sugerido que se aumente el gasto público en I+D+i y en reducir la deuda de la región.

Por último, ha emplazado a Ciudadanos (Cs) a "estar a la altura" en este asunto, ya que este partido suele pedir que se incrementen las políticas de gasto público.