La Rioja

Pamplona, 30 nov (EFE).- Los dos testigos protegidos en el juicio a cinco pakistaníes por delitos de trata de seres humanos, blanqueo, falsedad de documentos oficiales y pertenencia a grupo criminal han evidenciado contradicciones entre ellos durante sus declaraciones en la nueva sesión celebrada hoy.

Los procesados, sin antecedentes y naturales de Pakistán, acordaron en 2013 según el escrito de acusación de la Fiscalía, que solicita 20 años de cárcel, utilizar distintas empresas previamente constituidas para facilitar el traslado irregular de inmigrantes de su país hasta Tudela (Navarra) y Calahorra (La Rioja) pasando por Italia.

El juicio, que se ha retomado este miércoles tras una primera sesión celebrada el pasado 15 de noviembre, ha durado cinco horas, y ha comenzado con la declaración del primer testigo protegido, quien ha afirmado que mintió en la declaración que prestó a la Guardia Civil.

"Lo que digo ahora es la verdad y lo que dije a la Guardia Civil es mentira", ha incidido para agregar que realizó la anterior declaración por recibir presiones del citado cuerpo de seguridad.

Ha negado que alguno de los acusados le insultara o pegara ni que le vendieran un contrato de trabajo o recibiera documentación falsa.

Además, ha detallado que residió en Logroño en 2008 y que vivió durante dos años en un domicilio propiedad del vicepresidente de la Asociación Pakistaní de La Rioja, uno de los acusados, y que el mismo le "ayudó".

Ha negado, al respecto, que alguien le controlara a él o a cualquiera de "las 4 ó 5 personas" con las que convivió en el citado piso y que trabajó en empresas de la construcción.

También ha precisado que trabajó en un establecimiento de comida kebab de Tudela, gestionado supuestamente por uno de los acusados, quien a su vez le llevó a trabajar desde Logroño a la localidad navarra, y que dejó ese trabajo cuando encontró "otro mejor".

El segundo testigo protegido se ha ratificado en la afirmación de que los acusados le pagaban 150 euros al mes y que durante 4 años no tuvo ningún tipo de contrato laboral y, una vez que se formalizó la relación contractual, pasó a cobrar 450 euros.

También ha declarado que el vicepresidente de la Asociación Pakistaní de La Rioja era su "jefe" y que recibían instrucciones ante la posibilidad de que se realizara una inspección.

Ha asegurado que si sufrían alguna enfermedad no le llevaban al médico y que no interpuso antes la denuncia porque "tenía miedo" y que declaró como testigo protegido porque así "no podían" localizarle.

Ha calificado a los acusados como personas "muy poderosas", ha afirmado que "alguna vez" le insultaron y que "sabía" a qué personas éstos habían maltratado.

Además, ha señalado que en el domicilio en el que vivían no se les controlaba, pero sí les preguntaban "a dónde iban y venían", sobre todo en el piso de Tudela, y que existía el rumor de que vendían visados.

De los cinco agentes de la Guardia Civil que han testificado, dos han coincidido en afirmar que solicitaron empadronamientos a los Ayuntamientos de las localidades en las que residían los acusados y que no "cuadraba" la relación entre el número de trabajadores de las empresas y los que se habían dado de alta en la Seguridad Social.

Los cuatro testigos aportados por la defensa de tres de los acusados han afirmado que no pagaron a ninguno de los encausados por venir a España ni éstos les vendieron un contrato de trabajo.