La Rioja

Logroño, 29 nov (EFE).- El consejero de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, Conrado Escobar, ha dicho hoy que la Ley para regular la Renta de Ciudadanía supone un "ejercicio de justicia social colectiva que busca mejorar la situación económica, social y laboral de las personas y familias más vulnerables".

Escobar ha presentado el proyecto riojano de Renta de Ciudadanía en las Jornadas "Rentas mínimas, rentas básicas: debates y nuevas propuestas", organizadas por la Universidad de La Rioja (UR), según ha informado el Gobierno regional en una nota.

En su exposición, Escobar ha presentado el "Proyecto de Renta de Ciudadanía de La Rioja: un esfuerzo colectivo", que se encuentra en la actualidad en trámite parlamentario.

El procedimiento de elaboración de la Ley ha tenido un amplio consenso ya que en su redacción se ha contado con las aportaciones de los técnicos, de la Red de Protección Social, de los empresarios y de los sindicatos.

En concreto, ha tenido la participación directa de: Cáritas; Cocina Económica; Cruz Roja; Federación Riojana de Municipios; Ayuntamientos de Logroño y Calahorra; CERMI; Banco de Alimentos; Red Española contra la Pobreza; Unicef; Colegio Oficial de Trabajadores Sociales; Federación Riojana de Voluntariado; UGT; CCOO; FER y Cámara de Comercio.

La Ley configura la renta como un derecho que permita garantizar un mínimo vital, y siempre de carácter subsidiario a otras ayudas, de modo que la renta es la última red de ayuda pública para las personas en situación o riesgo de exclusión.

El consejero de Políticas Sociales ha insistido en que uno de los principales avances es que la renta no debe desincentivar la formación ni la búsqueda de empleo.

Ha considerado que se trata de un modelo de renta de ciudadanía que cubre las necesidades básicas de las personas y que apuesta por la búsqueda activa de empleo o la formación.

La percepción de esta renta será compatible con determinados empleos a tiempo parcial y, además, estará vinculada al establecimiento de itinerarios formativos y laborales para sus perceptores, ha precisado.

Asimismo, Escobar ha detallado algunas de las novedades que presenta esta ley como es la ampliación del tramo de edad de los posibles beneficiarios.

Hasta la fecha, para ser destinatarios de las ayudas del IMI y AIS se exigía, con carácter general, ser mayor de 25 años y menor de 65, ahora la edad se rebaja a los 23 años; además, se incrementa el importe básico de la ayuda.

La Ley reduce el tiempo exigido de residencia en La Rioja para la percepción de la renta que pasa de tres años a uno; se amplía el límite de rendimientos que permiten acceder a la renta por lo que se incrementa el número de beneficiarios y se establece, por primera vez, que la renta no puede ser objeto de embargo o retención.

Además, parte de un concepto muy avanzado de unidad familiar o de convivencia, por lo que permite que una familia amplia que comparta vivienda pueda percibir más de una renta.

Asimismo, la Ley elimina los periodos de espera para la concesión de la renta una vez agotadas las prestaciones y subsidios de desempleo y el mantenimiento de la ayuda mientras persistan los requisitos y condiciones exigidos.

Esta renta será compatible con otras prestaciones públicas (orfandad, viudedad, subsidio de desempleo siempre que sea menor que la renta) y se permite el mantenimiento temporal de la prestación en caso de internamiento en un centro penitenciario y otras circunstancias.

La Ley prevé la creación de una Comisión de Seguimiento de la renta de ciudadanía, que llevará a cabo el seguimiento, la evaluación de sus resultados y la propuesta de actuaciones de mejora de la misma.

El crédito presupuestario sigue siendo ampliable de tal forma que se concederá a todas las personas que cumplan con los requisitos de acceso.