La Rioja

Logroño, 19 oct (EFE).- Los 17 presidentes de Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) han reclamado hoy la puesta en marcha de un plan nacional de justicia electrónica y modernización tecnológica y han propuesto una revisión de la distribución territorial de los partidos judiciales.

El ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, ha asistido en Logroño al acto de clausura de las jornadas de presidentes de TSJ, cuyas conclusiones ha presentado el presidente del TSJ de La Rioja, Ignacio Espinosa.

Los responsables autonómicos de los TSJ han sugerido replantear la actual distribución territorial de órganos judiciales, para ajustarla a una realidad, en la que la proximidad física de los juzgados a los ciudadanos ya no sea el criterio fundamental de planificación.

Además, han abogado por reformar la estructura organizativa judicial hacia una colegiación de los órganos jurisdiccionales unipersonales, con el fin de mejorar la distribución del trabajo y compartir recursos e información, reduciendo así los costes.

Partiendo de la aspiración a una justicia más moderna, capaz de dar respuesta a los ciudadanos con mayor agilidad, calidad y eficacia, han reiterado su firme compromiso con el objetivo de la implantación de los más modernos métodos de organización e instrumentos para la gestión procesal en todos los órganos judiciales.

También se han comprometido a reclamar un plan nacional de digitalización de la justicia que involucre a todas las administraciones competentes y consiga una planificación más coordinada en los procesos de implantación de la Justicia Digital para evitar las "asimetrías" detectadas en los distintos TSJ.

Por otro lado, han pedido que el diseño del expediente judicial electrónico incluya las necesidades específicas de los jueces y no solo los de las oficinas judiciales.

Así, han asegurado que la implantación de las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia exige un replanteamiento drástico de la legislación procesal, que debe regular el proceso -como ordena la Ley 18/2011- tomando como premisa que éste se desarrolla en un entorno electrónico.

En este sentido, han exigido la dotación de herramientas tecnológicas adecuadas en todos los órganos judiciales, por lo que consideran "imprescindible" que el Consejo General del Poder Judicial realice una valoración del nuevo entorno digital a efectos de salud laboral, con determinación de cargas de trabajo.

Por último, han reiterado que la planta actual de las Salas de lo Civil y Penal no permite, con carácter general, la debida implantación de la reforma operada por la Ley 41/2015, que garantiza el ejercicio del derecho a la doble instancia penal.