Madrid, 17 mar (EFE).- La subcomisión del Congreso que estudia una posible reforma electoral ha rechazado hoy hacer un cambio en profundidad de la Ley en la línea solicitada por grupos como IU o UPyD, de manera que las minorías tengan más escaños, propuesta que ha sido "tumbada" por PSOE, PP y los grupos nacionalistas.
Después de varios meses de "parón", la subcomisión ha retomado hoy los trabajos con un debate centrado básicamente en la propuesta de IU, que ha sido defendida por su diputado, Gaspar Llamazares.
Tras el encuentro, Llamazares ha denunciado que hay un pacto entre los dos partidos mayoritarios para evitar que la Ley Electoral sufra cambios que beneficiarían a su formación, de manera que se ha rechazado sus propuestas de aumentar de 350 a 400 el número de diputados, de distribuir los escaños a través de un sistema distinto a la Ley d'Hont, o de reasignar los representantes por provincias.
Son propuestas, según ha recordado el portavoz de IU, que incluso sugería el propio Consejo de Estado en su informe sobre una posible reforma de la LOREG.
Ante esta actitud del resto de los grupos, que para Llamazares supone una marginación a las minorías, el diputado ha anunciado que planteará a Izquierda Unida la posibilidad de abandonar esta subcomisión, que se ha convertido, a su juicio, en un "debate de besugos" que "no tiene mucho sentido".
Varios diputados del resto de grupos presentes en la reunión han asegurado, por su parte, que las peticiones de Llamazares no son viables y han dado a entender que IU no planteaba esta propuesta cuando contaba con un mayor número de diputados en el hemiciclo.
Más allá del propio sistema electoral, que ha centrado prácticamente todo el debate, los diputados de la subcomisión han puesto sobre la mesa otros asuntos en los que sí se han percibido avances aunque, no obstante, se profundizará en ellos en próximas reuniones, ya después de la Semana Santa.
Una de estas cuestiones, en la que se percibe un gran interés y voluntad de acuerdo -según varios diputados presentes en la reunión- es la necesidad de adoptar medidas para frenar ya no sólo el propio transfuguismo, sino sus efectos sobre las corporaciones municipales.
La idea es que, al no poder reclamar a un tránsfuga su acta de concejal, al menos se le impida con las modificaciones legales necesarias que pueda votar en una eventual moción de censura para sacar del poder al partido al que abandonó.
Y, en el caso de que sí pueda votar en esa hipotética moción de censura, la propuesta es que se cambie el sistema de mayorías necesarias, de manera que una mayoría simple sea insuficiente para arrebatar el poder a un partido.
Otro tema abierto a futuros análisis es la conveniencia de cubrir las vacantes de los parlamentarios que estén de baja, enfermos o impedidos temporalmente, bien a través de la implantación de la figura del "diputado suplente" -opción que suscita dudas-, bien a través del voto telemático.
La elaboración de los censos se discutirá más adelante, para buscar vías que garanticen que no existen duplicidades ni incrementos insólitos de censados justo antes de unos comicios.
En este sentido, se abordará también la posibilidad de exigir a los partidos políticos que concurren a las elecciones el pago de una fianza, con el fin de disuadir a quienes se presentan con el objetivo de sustraer los recursos públicos para otras finalidades o, incluso, con el propósito de obtener el censo electoral para fines publicitarios.
