El Parlamento riojano suspende la actividad del Defensor del Pueblo

El Pleno del Parlamento de La Rioja ha aprobado hoy, con los votos del PP, una proposición de Ley por la que queda suspendida temporalmente la actividad del Defensor del Pueblo Riojano y de la Oficina del Defensor del Pueblo.

A partir de la aprobación de esta iniciativa, todas las funciones que la Ley 6/2006 atribuye al Defensor del Pueblo Riojano en materia de personal, patrimonial, de gestión, económico financiera y de derecho administrativo serán asumidas por la Mesa del Parlamento, según recoge el texto de la proposición.

En el caso de las quejas actualmente en tramitación, para garantizar los derechos de todos los ciudadanos y siempre que los interesados estén de acuerdo, se remitirán al Defensor del Pueblo del Estado.

En este sentido, los riojanos pueden optar por tramitar sus quejas ante la Comisión de Peticiones del Parlamento de La Rioja o remitirlas directamente al Defensor del Pueblo del Estado, concreta el texto, que subraya que la Ley entrará en vigor a partir de su publicación en el Boletín Oficial de La Rioja.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Carlos Cuevas, ha dicho que es una suspensión temporal y no una supresión, como han aprobado otros parlamentos autonómicos.

Cuevas ha precisado que la búsqueda de una mayor eficiencia y la eliminación de duplicidades son las razones que "hacen que, en estos momentos, el Grupo Popular considere aconsejable suspender la actividad del Defensor del Pueblo Riojano", lo que supondrá un ahorro de unos 600.000 euros anuales.

Ha informado de que el coste medio de la queja tramitada por el Defensor del Pueblo Riojano ha superado los 1.000 euros, frente a los 414 euros de la que tramita el Defensor del Pueblo del Estado.

También ha recalcado que esta suspensión no implica "merma alguna en los derechos de los ciudadanos, ya que seguirán contando con la asistencia del Defensor del Pueblo del Estado ante cualquier posible mala praxis contra sus derechos".

Ha añadido que, en la actualidad, "los ajustes son necesarios en las instituciones y en las administraciones para mantener los servicios básicos que se prestan a los ciudadanos".

Por ello, ha incidido en la necesidad de ser "más austeros con otras actuaciones que se pueden seguir prestando, sin que ello suponga un gasto para los riojanos".

Al inicio del debate de la proposición, los portavoces de los grupos de la oposición, Socialista y Mixto (PR+), han expresado sus dudas sobre la legalidad, desde el punto de vista procesal, de esta actuación impulsada por el PP, que tiene la mayoría parlamentaria.

Han considerado oportuno pedir un informe a los Servicios Jurídicos del Parlamento sobre la procedencia de esta tramitación, al tratarse de una figura recogida en el Estatuto de Autonomía, lo que ha sido rechazado por el PP, cuyo portavoz parlamentario ha dicho que este trámite ha sido ya utilizado para otras iniciativas.

El portavoz del Grupo Socialista, Pablo Rubio, ha asegurado que, en 1982, los partidos políticos riojanos, incluido el PSOE, aprobaron el Estatuto de Autonomía de La Rioja, que en 2006 incorporó la figura del Defensor del Pueblo con el voto favorable de este partido, que hoy ha rechazado su suspensión.

Rubio ha negado que esta suspensión esté pensada en la búsqueda de la austeridad y ha lamentado esta actitud del grupo mayoritario, con la que ha convenido el portavoz del Grupo Mixto, Miguel González de Legarra.

El portavoz regionalista ha opinado que a los populares les "queman las quejas" en la Defensoría del Pueblo y ha negado que, en su opinión, se suspenda la actividad de la institución "por austeridad".