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Europa mantiene el castigo a España por las ayudas ilegales del País Vasco

LUCHA RIOJANA CONTRA LA deslealtad fiscal vasca

Europa mantiene el castigo a España por las ayudas ilegales del País Vasco

La Comisión Europea sostiene en la vista celebrada en Luxemburgo que el Estado español merece "una medida disuasoria"

10.09.13 - 19:19 -
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Europa mantiene el castigo a España por las ayudas ilegales del País Vasco
Los abogados de la Comisión Europea, Fernando Castillo de la Torre y Javier Urraca, en la jornada en que comenzaron las vistas orales sobre el tema de las vacaciones fiscales vascas en Luxemburgo, en el año 2008.

La Comisión Europea (CE) mantuvo este martes su solicitud de imponer una de las dos multas que reclamaba contra España por las llamadas 'vacaciones fiscales vascas', que podría superar los 64 millones de euros, y condicionó la otra a la recuperación de 278.000 euros en intereses de deuda aún pendientes. El Ejecutivo comunitario insistió en que España merece una "medida disuasoria" porque han pasado doce años desde que la CE declaró el régimen vasco ilegal y "es el segundo país con más casos por recuperar", explicó el representante de la Comisión, Carlos Urraca, en una vista oral celebrada ante el Tribunal de Justicia de la UE.

La medida disuasoria que pide Bruselas es la imposición de una suma a tanto alzado de 25.817,4 euros al día a contar desde el 14 de diciembre de 2006, cuando el Tribunal pronunció una primera sentencia en la que daba la razón a la CE sobre la ilegalidad de las ayudas y pedía su recuperación. Si se multiplica esa cantidad por los casi siete años que han pasado desde entonces, el montante total asciende a unos 64 millones de euros, y podría ser aún superior en función de la fecha final que tome como referencia el Tribunal para el cálculo, en caso de que decida imponer una multa a España.

La CE admite que el montante principal de las ayudas ha sido recuperado y concreta que el último pago de devolución se efectuó el pasado 19 de julio, pero también recalca que aún quedan pendientes 278.000 euros en intereses que afectan a 8 beneficiarios en Álava. En total, la Comisión estima que se han recuperado casi 509 millones de euros, de los que unos 334 millones correspondían a empresas establecidas en Álava, informa la agencia Efe.

Como reconocimiento a este esfuerzo sí considera que podría dejarse caer la segunda sanción económica que pedía, y que aunque suponía una cuantía por día superior (de 236.044,8 euros), en total implicaba una penalización menor porque no empezaría a contar hasta que el Tribunal pronuncie su próxima sentencia, mientras que la otra multa computa desde 2006. "No sería necesaria una multa coercitiva", admitió Urraca, al tiempo que precisó que esa sanción no llegaría "si el país recupera todo antes de que el Tribunal pronuncie su sentencia".

El diputado general de Álava, Javier de Andrés (PP), consideró que la cuantía de la multa que pide la Comisión "no corresponde a lo que ha sucedido". Explicó que las empresas vascas tenían derecho a acogerse a los beneficios fiscales ordinarios que existían en España, una vez se eliminaron las ayudas consideradas ilegales. "Aceptamos que la sentencia dice que son ilegales, pero podemos aplicarle los criterios y los descuentos que se habrían aplicado con la legislación ordinaria, y esa es la discrepancia entre la Comisión y la defensa que hemos hecho hoy", aclaró el diputado general alavés.

La abogada general del Estado español, Nuria Díaz Abad, que intervino en la vista en representación de España y de las tres Diputaciones Forales vascas, hizo hincapié en que se ha recuperado todo el dinero que la CE entendía que se tenía que cobrar, incluso sin estar de acuerdo con la cuantía. De Andrés explicó además que se hizo así en previsión de que España podría tener que responder ante una sanción coercitiva y también por si finalmente se obligaba a las empresas también al pago de los intereses.

Las conocidas vacaciones fiscales vascas engloban tres medidas vinculadas a la exención del impuesto de sociedades, la reducción de la base imponible del impuesto de sociedades, y al crédito fiscal del 45 % del importe de ciertas inversiones. El primer grupo de ayudas fue objeto de un procedimiento anterior, mientras que sobre los otros dos el Tribunal tendrá que decidir ahora. Se calcula que unas 300 empresas se beneficiaron de estas ayudas. Antes de la sentencia final del Tribunal de Luxemburgo, que puede demorarse hasta un año, se publicarán las conclusiones generales del abogado general, que la corte suele seguir en la mayor parte de los casos.

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