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A. GIL
Sábado, 15 de diciembre 2012, 14:00
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El grupo de alto nivel creado por la Comisión Europea (CE) para estudiar la continuidad o supresión del sistema de derechos de plantación de viñedo cerró ayer su informe con la última de sus reuniones y lo entregará este martes a los ministros de Agricultura de los 27.
La CE ha movido ficha de forma significativa respecto a su posicionamiento inicial de liberalización de plantaciones a partir del año 2016 (o el 2018 en función del criterio de cada país) y, aunque plantea ahora sustituir los actuales derechos por un sistema de autorizaciones administrativas, garantiza el control de la masa vegetal. «Lo más positivo de hoy [por ayer] señala la Eurodiputada riojana Esther Herranz es que, hasta antes mismo de la reunión, el grupo abogaba por un aumento automático de las plantaciones del 2% anual, lo que era casi una liberalización encubierta, pero finalmente ha renunciado a ello, con lo que el control del potencial productivo está garantizado».
El planteamiento de la CE supondría eso sí, a la espera de conocer la letra pequeña, la pérdida del valor patrimonial que los derechos de plantación generan en sus propietarios, es decir, en los viticultores. De acuerdo con la propuesta del Ejecutivo comunitario, la compra venta de papel para hincar o sustituir viñedo ya no sería posible, sino que serían las administraciones, en primera instancia de la Unión Europea y, en segunda, de los estados miembros, los que concederían los permisos de cultivo o las transferencias sin valor económico alguno.
El consejero de Agricultura riojano, Íñigo Nagore, valora el cambio de posición de la CE, pero advierte que «está por ver toda la letra pequeña». «La diferencia esencial sobre el actual sistema continúa sería que las autorizaciones de cultivo no se podrían transferir entre particulares, lo que en la práctica supone quitar el valor económico que hoy en día tienen los derechos». El consejero riojano insiste en ser cauteloso: «Hay muchas dudas por resolver, como qué sucede cuando se vende una explotación, qué pasa si se plantea una reestructuración o un arranque para plantar en otro sitio, qué sucede cuando un viticultor o una bodega quiere ampliar su superficie o qué pasa con los derechos que existen y no están plantados».
Herranz, por su parte, pese a que insiste en que el Parlamento Europeo apuesta por mantener el sistema actual como mejor modelo, sí valora otro nuevo cambio sobre la postura inicial con que los miembros del grupo de alto nivel entraron a la reunión de ayer: «En principio, planteaban la adjudicación automática o instantánea de autorizaciones y ahora admite que sean bajo estudio, por ejemplo, de si el solicitante tiene tierras para poder cultivar o no».
El informe del grupo de alto nivel es clave para la postura de la Comisión Europea, pero el tema es una negociación a tres bandas: el Parlamento, que apuesta por mantener el sistema actual de derechos, y el Consejo, los estados, de los que 17 defienden seguir como hasta ahora y el resto por la liberalización.
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