“Plena satisfacción”. Esa es la sensación con la que el presidente de la CPAR, Carlos del Rey, y el secretario general de la organización, Juan Ramón Liébana, recibieron la notificación de la sentencia del Tribunal Supremo que “pone de manifiesto que la Ecociudad invadía competencia municipales y se desarrollaba en un espacio protegido del Plan General de Logroño, de modo que no se justificaba que el Gobierno de La Rioja lo considerara de interés supramunicipal”. Así, los responsables de la CPAR también mostraron su satisfacción por que “el Gobierno acate y cumpla la sentencia eliminando cualquier trámite urbanístico sobre el monte El Corvo”. “Con esta sentencia”, dijo Del Rey, La Ecociudad se ha olvidado”.
Las resoluciones del Supremo ponen fin a cinco años de duras críticas y enfrentamientos en los que, según Del Rey, la CPAR “solo ha buscado la defensa del sector y del principio de seguridad jurídica”. Además abogó porque “los desarrollos urbanísticos se hagan a través de los planes generales municipales, que son los instrumentos legales y adecuados para ello”.
Con nulas referencias a los momentos más agrios del malogrado proyecto de la Ecociudad, Del Rey abogó por “mirar al futuro” y recalcó la “plena voluntad” de la CPAR de “entendimiento con todas las administraciones públicas para tratar de llevar a buen puerto cualquier proyecto urbanístico”. “A pesar de este desencuentro”, dijo, “la CPAR quiere dejar claro que siempre ha habido plena voluntad colaboradora del sector con el Gobierno de La Rioja y viceversa”. “Nosotros miramos al futuro, no al pasado”, sentenció.
En este sentido, Del Rey apuntó los “tres grandes problemas del sector: la falta de financiación, la competencia desleal de las entidades financieras y el stock de vivienda” para informar de que han trasladado al Ejecutivo autonómico “20 medidas que si son implementadas pueden ayudar a nuestras empresas a mantener su actividad y puestos de empleos”.
