Sanz cifra en tres millones el ahorro en alquileres, coches oficiales y unión de servicios

Tres millones de euros. Esa es la cantidad que, según la estimación apuntada ayer por Pedro Sanz, dejará de gastar la Comunidad Autónoma al año aproximadamente con la reconversiones del IRJ, el Servicio Riojano de Empleo y la Agencia del Conocimiento en direcciones generales anunciadas el día anterior.

Avanzando en las novedades aportadas el jueves en su discurso, el presidente regional señaló que una parte de la cantidad ahorrada (756.000 euros) provendrá de la rescisión del arrendamiento de varias dependencias administrativas, sin especificar todavía, tanto en Logroño como otros municipios, entre las que se encuentra la Dirección General de Salud Pública que ahora mismo se ubica en Gran Vía 18 y que ocupará las instalaciones del Banco de España en cuanto se concrete la cesión del edificio acordada con Mariano Rajoy.

El grueso del montante total, dos millones de euros, llegará por vía de la nueva Dirección General de la Información y de la Comunicación, que gestionará todos los servicios relacionados con las TIC que actualmente se prestan en distintas áreas de gestión. En concreto, sumará a las prestaciones que a día de hoy se centran en la Agencia del Conocimiento las que se desarrollan en las áreas de Salud, Educación y Justicia simplificando así servicios, aglutinando actividades y, sobre todo, suprimiendo contratos con otras empresas tecnológicas.

La resta aportada por Sanz se completa con la subasta por parte del Gobierno de La Rioja de tres vehículos de representación que realizan habitualmente el servicio de transporte de altos cargos de la administración regional. Como recalcó Sanz, el parque móvil quedará de esta forma con únicamente diez coches oficiales, y se suprimirán también tres de los puestos eventuales de conductor.

A falta de una opinión al respecto por parte de la oposición, el propio Sanz se vanaglorió de la medida «¿no eran ustedes los que decían insistentemente que había demasiadas entidades y organismos públicos»?, inquirió y dejó caer que no serán los únicos flancos por donde actuará la tijera. El presidente concluyó su enumeración con la propuesta de «poner a debate» el Consejero Económico y Social. «Si preguntáramos en la calle, la mayoría no sabe ni quién es el presidente del CES ni a qué se dedica», razonó para subrayar que la entidad tiene un coste de 300.000 euros al año. «O le dotamos de contenido o le damos una pensada», concluyó lanzando un guante que no tardó en recoger el PP. «Compartimos todo lo que sea ahondar en la austeridad», dijo Carlos Cuevas apostando, también, por una reducción en la Defensoría del Pueblo.