El pasado 31 de mayo se llevó a cabo el cierre definitivo de la sucursal en Logroño del Banco de España. En aquel momento, el futuro del emblemático inmueble aceleró los planes de la Delegación del Gobierno para transformarlo en «buque insignia» que integrase buena parte de la estructura de la Administración General del Estado, hoy dispersa por la ciudad en medio centenar de enclaves.
José Antonio Ulecia, entonces delegado del Gobierno en La Rioja, documentaba en declaraciones a Diario LA RIOJA su largo interés por el edificio: «El Estado tiene necesidades que se pueden solventar en el Banco de España y en ello está trabajando desde el año 2004».
En su opinión, el acuerdo sobre transferencias de Justicia ha hecho más evidente el planteamiento al haberse esfumado la posibilidad contemplada de que la Administración central disponga de 10.000 metros cuadrados en el antiguo Hospital Militar de Murrieta.
Desde la Delegación se defendía en aquel momento la urgente necesidad de resolver cuatro serios «problemas de eficiencia» de la Administración del Estado, provocados por la dispersión de unidades por la ciudad: pérdida de imagen pública del Gobierno de España, peores servicios, necesidad de disponer de más recursos humanos en tareas auxiliares, prescindibles en una dependencia única, y la dificultad para avanzar en la polivalencia funcional del personal.
Según Ulecia, el Banco de España, como eje de la Administración del Estado en La Rioja, permitiría ahorrar costosos alquileres y agrupar numerosos servicios.
