"Con la Ordenanza de Fomento de la Convivencia Ciudadana se criminaliza la pobreza", dice Asamblea Logroño

Asamblea Logroño ha denuncia a través de un comunicado "los recortes en derechos y libertades" y se refieren en concreto a lo que consideran "la criminalización de la pobreza y la marginalidad". En su opinión, la mendicidad es "el puro derecho a sobrevivir", que consideran se está negando a "a través de la aplicación de la mal llamada Ordenanza Cívica (Ordenanza Municipal de Fomento de la Convivencia Ciudadana), aprobada por unanimidad de los tres grupos políticos -PSOE, PP, PR- el pasado 3 de febrero en el Ayuntamiento de Logroño".

El movimiento del 15-M explica en su nota de prensa que "a la concentración del pasado martes 29 de noviembre se acercó una persona sin hogar que contó a varias personas participantes que había sido denunciada por un agente de la Policía Local cuando ejercía la mendicidad".

Los indignados apuntan a este respecto que "se le invitó a explicar su caso en la asamblea ordinaria de ayer miércoles 30 de noviembre, a la que asistió, y relató cómo fue sancionado con una multa de 300 ¤ el pasado día 25 en uno de los lugares donde se ve obligado a pedir habitualmente (Muro de la Mata, 11) debido a que -como ha explicado con sus propias palabras en el pliego de descargo que ha presentado en el consistorio- "es mi única manera de sobrevivir".

Por lo que detallan desde Asamblea de Logroño: "Julián carece de empleo desde hace tres años, de cualquier derecho a recibir algún tipo de prestación económica y de vivienda, por lo que en estas condiciones evidentemente no podrá hacer frente al pago de la multa que se le ha impuesto".

Además, aprovechan para contraponer este caso con "el indulto al consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz, en una de las últimas decisiones del Consejo de Ministros en funciones que muchas personas con sentido común y convicción en una justicia igual para todos no podemos entender ni compartir de ninguna manera".

"El texto del indulto dice que el Gobierno conmuta la pena impuesta de arresto mayor y la accesoria de suspensión de ejercicio profesional por la multa máxima prevista en la legislación, esto es 6.000 euros". "Esta medida, unida a los miles de millones de euros que ya se han inyectado, o se van a inyectar, a las entidades financieras, se contrapone con la nula protección que el Gobierno -y el sistema político y jurídico en su conjunto- otorga a las víctimas de los bancos, como sucede con los desahucios, o simplemente en los casos que hemos referido más arriba", concluyen.