El presidente de Anpe en La Rioja, José Manuel Reinares, ha hecho hoy esta petición durante una conferencia de prensa en la que este sindicato ha presentado los resultados regionales del "Defensor del profesor" durante el curso pasado.
El "Defensor del profesor" de Anpe en La Rioja atendió el curso pasado 14 casos, la mayor parte de ellos en centros públicos de Logroño, en niveles de educación secundaria y un tercio de ellos estuvieron relacionados con padres de alumnos.
En general fueron casos considerados "de baja intensidad" que causaron cuadros de "ansiedad" en los docentes y, en un tercio, conllevaron bajas laborales.
Además hubo otros diez casos en La Rioja en los que los docentes "buscaban más anonimato" y recurrieron directamente al Defensor del Profesor de Anpe a nivel nacional.
El responsable de este servicio en La Rioja, Juan Garrido, ha afirmado que "se han cortado" los casos graves de amenazas por internet que se produjeron el curso anterior, que llegaron a los juzgados, aunque posteriormente fueron archivados.
Ha asegurado que a pesar de que la mayoría de los casos "no son graves" hay "más situaciones conflictivas que las que se denuncian" principalmente en centros concertados "donde los profesores tienen más miedo, en muchos casos por su situación laboral".
No obstante, el presidente de Anpe en La Rioja ha considerado que "se están dando pasos en la dirección adecuada" en alusión al proyecto de Ley de Autoridad del Profesorado, que será aprobado por el consejo del Gobierno regional el próximo viernes.
"En los últimos años ya se ha mejorado la convivencia en los centros y ahora va a reforzarse más a medida que exista un respaldo a la función del profesor", ha afirmado Reinares, quien cree que "una Ley tampoco va a evitar los problemas por sí misma, pero sí va a dar medidas concretas para mejorar las condiciones de trabajo".
Sobre todo, ha subrayado, "se va a considerar al profesor como una autoridad" con lo que una agresión "en caso de llegar a los tribunales conllevará una petición de pena mayor, hasta 4 años de cárcel, cuando hasta hace poco se consideraba una falta de lesiones, si las había, y deparaba una multa de 150 euros".
Pero Anpe cree que "debe reconocerse al profesor como una figura jurídica" y "lo que hay que tener en cuenta es su función, no solo si trabajan en centros públicos, porque lo que hay que primar es el derecho a la educación y no si se es funcionario público o no".
En La Rioja ha explicado hay 3.600 profesores en centros públicos y un millar en colegios concertados, que, en principio, quedarían fuera del ámbito de la Ley al no poder ser considerados trabajadores públicos.
Esa medida depararía que la administración regional no les ofrezca cobertura jurídica si tienen que ir a un juicio, que no se cubra su responsabilidad civil y que no cuenten con la presunción de veracidad que sí asistirá a los maestros que sean funcionarios.
Por otro lado, Anpe ha presentado en este acto una campaña de apoyo a los profesores en la que todos los ciudadanos pueden suscribir un manifiesto de apoyo a través de internet.
