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A. TORICES
Viernes, 20 de noviembre 2009, 01:53
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El Congreso, con los votos de PSOE y PP, rechazó ayer una moción del PNV en la que se reclamaba que se extendiesen las indemnizaciones previstas por la ley de Memoria Histórica a las familias de los miembros de ETA y del FRAP muertos antes de la ley de amnistía de 1977. La iniciativa desestimada también pedía otras medidas para un cumplimiento más efectivo de la ley, como la anulación de subvenciones a las entidades públicas o privadas que no retiren de sus propiedades los símbolos de la Guerra Civil o de la dictadura.
Aitor Esteban, el promotor de la propuesta, que sí fue apoyada por CiU, ERC, IU, CC, BNG y Nabai, trató sin éxito de convencer a los partidos mayoritarios de que no se puede juzgar a aquellos etarras del franquismo con los parámetros de los actuales terroristas. Esteban argumentó que el mismo «beneficio de la duda» que se tuvo con ex etarras como los socialistas Mario Onaindia, ya fallecido, y Teo Uriarte o el ex director del Instituto Cervantes Jon Juaristi, a los que nadie cuestionó su reinserción social, se tendría que tener con otros como Juan Paredes Manot, 'Txiki', Ángel Otaegui o Salvador Puig Antich (anarquista), que no tuvieron esa oportunidad porque fueron fusilados por orden del dictador entre 1974 y 1975.
El nacionalista señaló que el Tribunal Supremo concedió esa misma esa presunción, incluso, al «conocido torturador» Melitón Manzanas, policía asesinado por ETA. La tesis del peneuvista fue apoyada por Joan Tarda (ERC), quien indicó que «la lucha armada puede ser legítima bajo un régimen dictatorial, pero es miserable bajo uno de libertades».
El portavoz más duro contra la propuesta fue el popular Jorge Fernández Díaz, que calificó la demanda del PNV como «miserable» e «indigna». Dijo que los miembros de ETA y FRAP antes de 1977 causaron decenas de muertes, por lo que son «unos asesinos», y puso como ejemplo un atentado ocurrido en Madrid en 1974 en el que fallecieron doce personas.
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