LA POLÉMICA
Van pasando los meses y la revisión de los precios del transporte urbano que quiere el Ayuntamiento y que tiene que recibir el visto bueno de la Comisión Regional de Precios no sale adelante. Hubo una primera propuesta, en la que el billete normal pasaba de los actuales 0,56 céntimos a 0,60, junto a otros cambios en otras modalidades de pago, que no prosperó. Y después se ha tramitado una segunda proposición, muy parecida a la anterior, pero que incluye otras fórmulas aplicadas en estos últimos meses, como el bonomés, que tampoco acaba de salir. De hecho, la comisión ha pedido más detalles sobre el precio del bonomés, de 29 euros, explicaba ayer el portavoz municipal, Vicente Urquía.
Esta situación ha llevado a la empresa que gestiona el servicio de transporte urbano en la capital, Autobuses Logroño, a solicitar a la Administración local el reequilibrio del contrato, que conllevará, según las primeras estimaciones, una cifra próxima a los 300.000 euros, que se sumarán a los cerca de dos millones de euros que este año recibirá la empresa en concepto de subvención.
Recurso
Ayer, la Junta de Gobierno Local aprobó encargar a la asesoría jurídica la interposición de un recurso contencioso administrativo contra la resolución que denegó la primera propuesta de revisión, que tiene fecha de marzo. Se tiene en cuenta que el recurso de reposición que se planteó al mismo fue desestimado «por silencio».
La diferencia entre las partes era de un céntimo. Según Urquía, la Comunidad Autónoma, organismo del que depende la Comisión de Precios, quería 0,59 frente a los 0,60 del Consistorio. La diferencia supone que los conductores manejen cambios y ello afecta a las frecuencias, explicó Urquía.
Fuera de plazo
Pero ésta es la versión municipal. La directora general de Comercio, Concepción Arruga, asegura que el recurso de reposición «no consta», que para el contencioso es tarde porque el plazo es de dos meses y, por tanto, la resolución es firme. Y también que si la primera solicitud de revisión de precios es de enero, la segunda se planteó en agosto sin memoria económica. Al no aportarse, se archivó el asunto. La tercera es del 22 de septiembre «y sin la documentación económica necesaria», que la Comisión de Precios requirió el 15 de octubre y se ha aportado el 3 de noviembre, dijo. En cualquier caso, indicó, ha visto anunciado el precio del bonomés «cuando aún no lo tienen justificado, lo cual supone un desprecio para la comisión».
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