La Consejería de Educación afirmó ayer que ha adoptado las medidas educativas y sancionadoras correspondientes en los dos presuntos casos de acoso a profesores en La Rioja.
La Consejería, en un comunicado, respondía así a las afirmaciones realizadas la víspera por el presidente del sindicato independiente de enseñanza ANPE en La Rioja, José Manuel Reinares, quien denunció la «pasividad» de la Administración autonómica ante la apertura de expedientes disciplinarios en casos de defensa de la integridad del profesorado.
La Consejería añadió que es «falsa» esa afirmación del dirigente de ANPE, ya que «los propios centros y la administración educativa han intervenido adecuadamente». «En ambos casos se ha procedido, desde los propios centros educativos, a la adopción de las medidas educativas y sancionadoras correspondientes y ambos han sido resueltos en la parte correspondiente al ámbito educativo», subrayó.
Autoridad pública
También indicó que, tras la denuncia de los docentes, la Fiscalía ha actuado en los dos supuestos: en uno de ellos no ha considerado que hubiera materia para iniciar el procedimiento y, en el otro, el caso continúa en tramitación. La Consejería destacó, además, que, como recoge su Decreto de Convivencia de enero del 2009, ya considera al profesorado revestido de autoridad pública en el ejercicio de sus funciones, como han planteado numerosas fiscalías y la propia Fiscalía del Estado en sus instrucciones.
