El acuerdo de precios, especialmente cuando la oferta de vino supera la demanda, es una vieja aspiración de los viticultores. De hecho, en plena 'crisis' prevendimia se exigieron unos precios medios recomendados, tal y como habían pactado (aunque con otros valores, claro) agricultores y elaboradores de Castilla-La Mancha.
La duda sobre la legalidad de este tipo de compromisos, en un mercado de libre competencia, siempre ha estado ahí. El caso es que las organizaciones interprofesionales de la avicultura (Propollo), del huevo (Inprovo) y del pan (Ceopan) acaban de ser multadas con 322.500 euros por la Comisión Nacional de Competencia (CNC) por realizar recomendaciones colectivas para llevar a cabo incrementos de precios en sus respectivos sectores.
Así lo determina la resolución de los expedientes sancionadores incoados de oficio por la CNC al detectar que, en verano del 2007, varias asociaciones empresariales del ámbito alimentario publicaron anuncios y notas de prensa, incluso declaraciones, recomendando a sus asociados que repercutiesen la subida de costes de materias primas, con el consiguiente efecto de alza de precios de sus producciones.
