El presidente de La Rioja, Pedro Sanz, presentó ayer ante los diversos sectores que forman la Administración judicial en La Rioja la inminente transferencia de esta materia desde el Ministerio a la Comunidad. Pese a adelantar las líneas principales y aportar un bosquejo de calendario, con el 1 de enero como fecha final, Sanz mantuvo un mutismo absoluto sobre la cifra que va a suponer la transferencia.
«Sería una irresponsabilidad hablar de cifras», indicó el presidente del Ejecutivo regional, ya que augura unas negociaciones «que no van a ser abiertas» y que serán llevadas «con la máxima discreción». «Qué más le gustaría al Ministerio que ahora dijera una cantidad, porque me puedo quedar corto o largo», aseguró.
Sanz insistió durante su comparecencia en que el Gobierno insistirá durante sus conversaciones en la dotación de los capítulos 1 (personal), 2 (gasto corriente) y 6 (inversiones, donde se incluye el futuro Palacio de Justicia). «La financiación de esta transferencia debe ser del 100% por parte del Ministerio. No puede ser de otra manera», incidió. «Los riojanos no tendrán que poner dinero de su bolsillo, así que si consigo obtener el 105% de financiación, mejor que mejor», añadió.
El escollo de la construcción del futuro Palacio de Justicia será la piedra angular de las conversaciones que, durante los próximos meses, mantendrá el Ejecutivo regional con el Ministerio de Justicia.
Sanz reiteró ayer la idea defendida por el Gobierno riojano, y a la que se han sumado todos los colectivos judiciales y también el Ayuntamiento de Logroño, de que se trate de un edificio con uso exclusivamente judicial y una edificabilidad de 30.000 metros cuadrados. De esta forma, se excluye la ocupación del Hospital Militar de Murrieta para otras administraciones, como se defendía desde el Ministerio.
Además, explicó que el Ejecutivo escuchará a los colectivos judiciales para dar forma al proyecto. Sin embargo, Sanz tampoco lanzó una cifra del coste del futuro Palacio de Justicia porque aún no hay «una cifra concreta». «Esa falta de coste tiene ventajas e inconvenientes [en la negociación] por lo que hay que tener inteligencia y habilidad para valorarlo en su justo precio», añadió.
Como referente de negociaciones fructíferas con el Estado, el máximo mandatario del Ejecutivo regional tomó el caso de las transferencias sanitarias, con un modelo similar (el Estado pone el dinero y el Gobierno regional lo gestiona para la construcción, como ocurrió con el Hospital San Pedro). «En el caso de la Sanidad fueron 159 millones de euros. En Justicia la cifra será menor, pero ahí tenemos las claves de cómo hay que negociar», resumió Sanz.