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Indígenas peruanos declaran la guerra al Gobierno para pedir la explotación de recursos
15.06.09 -

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La ley de la selva
Indígenas con lanzas se preparan para bloquear una carretera en Yurimaguas. / AFP
Cuando el presidente Alan García dictó el año pasado una decena de decretos conocidos como las 'leyes de la selva', abrió un frente de guerra con los indígenas de Perú. Los 'awajun' o 'aguaruna', la segunda etnia del país, se sintieron los más perjudicados. Más conocidos como 'jíbaros', son luchadores que ni los incas, ni los colonizadores españoles fueron capaces de doblegar.
Ahora plantan cara al mandatario conservador. Apoyados por 64 grupos nativos, reclaman desde hace meses la derogación de esa legislación, que, dicen, favorece las inversiones extranjeras. García espera convertir a Perú en un nuevo proveedor de petróleo y gas natural en Sudamérica. Pero esas exploraciones masivas, de rebote, contaminarán las fuentes de agua y dañarán la flora y la fauna.
El Parlamento debatió los preceptos ejecutivos y, en diciembre, un comité multipartito los consideró inconstitucionales. Sin embargo, el Gobierno los mantuvo. Pero también continuaron las protestas, endureciéndose desde el día 9 de abril. Los 'awajun' ya han dejado de reducir las cabezas de sus enemigos, pero -con caras pintadas como señal de guerra, lanzas de madera y campamentos levantados para sus esposas e hijos- impusieron su voluntad durante 55 días.
A 1.400 kilómetros al norte de Lima, los bloqueos de carreteras y ríos y la toma de plantas petroleras provocaron cierto desabastecimiento en el país. Mientras, en la capital el Ejecutivo y dirigentes de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesp) intentaban dialogar. Un diálogo que se rompió el pasado día 5, tras los choques violentos entre policías y nativos en Bagua que se saldaron oficialmente con 34 muertos, de ellos 24 agentes, y extraoficialmente con al menos 50.
Protestas nacionalistas
El Congreso suspendió los decretos 1.090 y 1.064 durante noventa días para negociar su modificación, pero los nacionalistas buscan su eliminación total. El diputado de esta facción, Roger Nájar, afirmó que se han dirigido a la comunidad internacional para «denunciar el maltrato y el desprecio que se siente por las comunidades nativas».
Asimismo, exige que se levante el estado de emergencia en el Amazonas, el toque de queda en Bagua y el cese de los «helicópteros militares y policiales» en la zona porque «generaron zozobra», especialmente en los niños.
García, por su parte, está decidido a mantener los altos índices de crecimiento del país -9,8% en 2008- y a cumplir con el proceso para aplicar el Tratado de Libre Comercio (TLC) con EE UU. El presidente sostiene que necesita esas leyes para explorar los recursos de esa región y mantener el desarrollo de la nación.
El problema es que aunque Perú es uno de los mayores productores del mundo de vanadio, cobre, plata; extrae cinc, plomo hierro y oro; y las laderas y planicies orientales de la cuenca del Amazonas acoge importantes reservas petroleras y de gas natural -así como grandes recursos forestales- sus beneficios no llegan a los indígenas.
Estos denunciaron que el mandatario, en una sola ronda de licitaciones, otorgó concesiones para la explotación petrolera de 49 millones de hectáreas de la Amazonía, el 72% de su territorio. Los decretos nuevos les impiden acondicionar esas explotaciones.
Tampoco ven que reviertan en sus comunidades los beneficios que salen desde sus territorios, donde el 76,3% de los 'awajun' vive en la pobreza, el 77,6% no tiene ni siquiera viviendas decentes y el 91% no disfruta de agua potable o luz eléctrica.
Pero Alan García no piensa desistir: «Unos 400.000 nativos no pueden decir a 28 millones de peruanos que 'tú no tienes derecho de venir por aquí'. De ninguna manera. Eso es un error gravísimo y quien piense de esa manera quiere llevarnos a la irracionalidad y al retroceso primitivo».
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