CULTURA
El Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento de la localidad riojalteña inician
medidas para intentar paralizar la puja y conocer todos los detalles del caso
29.05.09 -
El Gobierno de La Rioja ha iniciado una serie de gestiones para intentar que se paralice la subasta de distintos documentos históricos de Ojacastro de entre los siglos XVI y XIX, desvelada ayer por Diario LA RIOJA. Además de una investigación propia, desde la Administración se ha puesto los hechos en conocimiento de la Guardia Civil, cuyos agentes han iniciado un proceso de investigación siguiendo directrices tanto del Ejecutivo regional como del propio Ayuntamiento de Ojacastro.
El patrimonio en venta tiene muy distintos orígenes. En este caso particular, la autoridades regionales podrían conocer todos los detalles del proceso, desde su desaparición hasta los propietarios actuales. Hoy, sin embargo, como en otras muchas subastas de patrimonio, se trata de poder determinar con documentos y sin ninguna posibilidad de duda si el titular de los documentos que se ponen a la venta la casa Subastas Bilbao XXI puede acreditar la procedencia legal. Es más. Como aseguraba ayer el consejero de Administraciones Públicas, Conrado Escobar, «Hemos remitido burofax desde el Gobierno (Cultura) y Ayuntamiento de Ojacastro con la clara pretensión de paralizar la subasta y para que no puedan acreditar ahora que no van a venderse de buena fe». Si fuera así, jurídicamente, más tarde, sería un proceso mucho más complicado.
Ahora, cuando menos, la Brigada de Patrimonio de la Guardia Civil está investigando todo el proceso que han sufrido los documentos desde que salieron de los archivos. Las sucesivas cadenas de ventas, como ha ocurrido en tantos otros bienes públicos y patrimoniales, tienen o deben acreditar que no proceden de robos, expolios o ventas fraudulentas y/o realizadas por personas que tomaron una decisión para la que no estaban autorizadas.
La iniciativa del Gobierno regional pretende paralizar la subasta, dar un paso al frente para reclamar una propiedad y objetar directamente sobre bienes públicos que aparecen en los mercados del negocio del arte y la historia.
El Gobierno riojano y el Ayuntamiento de Ojacastro no conocen la titularidad de los propietarios de la documentación que saldrá a subasta el próximo lunes en Bilbao. A veces, como reconocía el propio consejero, Conrado Escobar, no es una cuestión de precio, máxime cuando por los mismos ya se ofreció hasta millón y medio de pesetas hace 20 años por parte del Gobierno regional.
«Es que para nosotros hay muchas más cosas detrás», subraya Escobar. «Es nuestro patrimonio, es nuestra cultura. Los documentos integran ambas cosas y no podemos entrar en valoraciones de otra índole. Hay muchas más cosas más allá del ámbito estrictamente económico», concluye.
